Ayer, Diputados, por 54 votos a favor y seis en contra, rechazó el veto del Ejecutivo al plan de ley que pretende crear 72 cargos, bonificaciones, horas extra y seguro médico para funcionarios de la Contraloría General de la República, que demandará G. 13.000 millones, unos US$ 2 millones.
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Hoy es la última sesión del Senado y los legisladores de esa Cámara no incluyeron el tratamiento del veto sobre tablas. El documento quedó en asuntos entrados y fue girado a comisiones, donde recién será estudiado desde marzo de 2019, cuando ya esté vigente el Presupuesto del año que viene.
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Esto hará que los senadores necesariamente acepten el veto porque la ampliación presupuestaria será, en ese momento, extemporánea. De esta forma, el plan de repartija de cargos de Enrique García queda en aguas de borraja.
El contralor general, Enrique García, fue acusado en marzo de 2018 por la Cámara de Diputados. El tratamiento de ese juicio político está pendiente en el Senado. El proceso se inició porque García, cuando era director jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo desfavorable a la Comuna con Ivesur, perjudicando a esta en unos US$ 3 millones. Por esta cuestión, la autoridad está imputada y no puede ser procesada salvo que sea desaforada.
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Hasta el momento, el juicio está “cajoneado” en el Senado. El principal actor político que opera para defender a García sería el senador Dionisio Amarilla, quien está investigado por enriquecimiento ilícito.
La esposa de Amarilla, Analy Valiente, es la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría. Es decir, si el Ministerio Público decide conocer el patrimonio del legislador, será su cónyuge quien deba proporcionar estos datos.
ABC Color también accedió a una foto en que se observa al director de Rendición de Cuentas, José Arregui, y a la directora de Talento Humano, ambas autoridades de Contraloría, a los abrazos durante un acto político con el senador Amarilla.
Arregui, por ejemplo, está encargado de recibir las rendiciones de cuentas del Fonacide y los Royalties de las municipalidades del país. La mujer, por su parte, está a cargo de los puestos laborales dentro de la CGR, lo que resulta llamativo, dadas las acusaciones contra el contralor García de hacer, durante todo 2018, una repartija de cargos entre allegados de los legisladores con la presunta intención de “salvarse” del juicio y aferrarse a su cargo.