“Estamos preparando una denuncia penal ante la Fiscalía por desacato a un decreto presidencial. Tenemos identificadas las líneas que desacatan la medida y vamos a presentar una denuncia”, manifestó el secretario de Estado.
Igualmente, instó a la ciudadanía a exigir a los choferes el cumplimiento del decreto presidencial y denunciar el desacato al número (0800) 119-990.
El Gobierno dispondrá de fiscalizadores a través de la Policía Caminera, el Ministerio de Justicia y Trabajo y otras instituciones que realizarán controles en las paradas, según adelantó Buzarquis.
“Vamos a hacer una fiscalización conjunta en las paradas de ahora en adelante”, manifestó al señalar las medidas a ser implementadas para garantizar el cumplimiento de la reducción del pasaje.
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Buzarquis señaló que desde ahora se endurecerán las exigencias a los transportistas respecto al cumplimiento de las leyes laborales y la normativa que regula el subsidio.
“Vamos a controlar puntillosamente el cumplimiento de las leyes. El Gobierno no va a retroceder ni un milímetro. Esto recién comienza. Estamos preparados para lo que venga”, aseveró.
El ministro ratificó que se exigirá la renovación del parque automotor y la implementación del billetaje electrónico.
Igualmente, adelantó que el Gobierno estudiará la famosa “planilla de costos”, que es considerada para reajustar el precio del pasaje.
“Vamos a iniciar un estudio de esa planilla. El precio real del pasaje va a ser puesto a consideración de la ciudadanía”, refirió.
Consideró que los transportistas que se niegan a cobrar G. 2.100 muestran “una total falta de compromiso con la ciudadanía”.
“Vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar. No vamos a cambiar de postura ni vamos a retroceder. Esta es una brillante oportunidad para poner en acción otras medidas”, insistió al hacer referencia al proyecto Metrobús, que será reimpulsado por el Ejecutivo.
Buzarquis señaló que, aun si los transportistas tienen alguna objeción hacia el nuevo precio del pasaje, no pueden desacatarlo, tal como lo hacen actualmente, sino que deben recurrir a las instituciones correspondientes, como la Corte.
“Si no están de acuerdo, que recurran a la Justicia y no que hagan lo que están haciendo”, aseveró.