El viceministro de Finanzas del MOPC, Guillermo Alcaraz, se refirió a la protesta de los gremios de camioneros, que desde la semana pasada llevan a cabo medidas en repudio al aumento del peaje.

En la fecha, las manifestaciones se concentran en los puestos de Remanso, Ypacaraí y Acceso Sur.

El grupo reclama que el Gobierno revea la suba del peaje, que en algunos casos llega hasta el 275%.

El planteamiento hecho ayer formalmente ante las autoridades es que el aumento sea de solo el 100%: de G. 7.000 a G. 14.000 -en lugar de a G. 20.000- para volqueteros, y de G. 15.000 a G. 30.000 -en lugar de G. 40.000- para transportadores de granos.

Además de la reducción, los manifestantes reclaman el bacheo de la Transchaco, desde Pozo Colorado hasta Mariscal Estigarribia, además de un proyecto de ley que establezca un precio piso para el flete en general.

La cuarta petición consiste en la instalación de una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno y los camioneros, según los detalles que brindó Alcaraz sobre la reunión de ayer entre las partes.

El alto funcionario aclaró que no podrán cumplir con la exigencia de reducir el peaje, aunque sí con los otros puntos.

“El tema del peaje no solamente es imposible, sino que no tiene sentido; acercamos las herramientas y ponemos a disposición las diferencias variables que conforman este estudio. Necesitamos esos recursos para iniciar un proceso de mantenimiento de las rutas”, sostuvo, en contacto con la 780 AM.

Recordó que el aumento es necesario, ya que las tarifas no sufren reajustes desde 1999.

Con la suba que rige desde el 1 de junio, las recaudaciones en concepto de peajes subirán de US$ 18 millones a US$ 40 millones anuales. Aun con este incremento, se requieren US$ 100 millones, según detalló.

Sobre los demás puntos reclamados, garantizó que ya se instaló una mesa de trabajo y el Gobierno está abierto a dialogar.

Por otra parte, recordó que las leyes de costo mínimo de flete “son un poco complicadas”, debido a que hay antecedentes de intentos que fracasaron por representar “inconstitucionalidades”.

Sobre el mejoramiento de la Transchaco, garantizó que este mismo año se iniciarán trabajos de reconstrucción.

Volviendo al punto principal reclamado, la reducción del peaje, el viceministro indicó que los empresarios formalmente constituidos ya asumieron los nuevos precios, realizaron una reestructuración de costos y los trasladaron al usuario final.

“Aquellos gremios formales, con administraciones ordenadas, incorporaron esta suba. Acá los que sufren son los que no están formalmente agremiados. Esta gente (los manifestantes) debe agremiarse, asociarse y así lograr mejores condiciones para negociar de acuerdo a lo que el mercado dicta”, sostuvo.

Consideró que, en algunos casos, la resistencia al reajuste obedece a un “descreimiento” de que el Gobierno destinará la recaudación al mantenimiento de las rutas.

“Hay un descreimiento de que vamos a invertir esos recursos en mejorar las rutas. Hoy tratamos de romper eso. Primero está el huevo y luego la gallina”, manifestó al defender el incremento.

El subsecretario fue tajante en señalar que “para el MOPC seguirán invariables los nuevos precios del peaje”.