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La abogada Cecilia Pérez dijo a ABC Color que en la audiencia anterior, el juez Humberto Otazú no respondió a sus cuestionamientos y solo argumentó que existía peligro de fuga y obstrucción a la investigación, para justificar la ratificación de la prisión preventiva.
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Explicó que con suficiente documentación demostraron que se hizo un mal cálculo de los supuestos ingresos de sus defendidos y que declaraciones juradas y extractos ponen al descubierto que se sumaron cada una de las transferencias entre cuentas como ingresos nuevos.
Pérez también hizo mención a que temen por la seguridad de sus clientes. “No les pasó nada, pero hay una preocupación por el perfil que tienen”, expuso.
La defensa de los procesados por enriquecimiento ilícito busca que sean beneficiados con el arresto domiciliario. El juez Otazú había manifestado que este hecho punible, penado con 1 a 10 años, está catalogado como crimen y no permite la aplicación de medidas alternativas a la prisión.