Indignados cierran ruta en Concepción

Ciudadanos indignados de Concepción se manifiestan y piden la renuncia del intendente Alejandro Urbieta Cáceres (PLRA), porque aseguran que tiene una mala administración.

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Los indignados clausuraron la vía que va desde la rotonda de acceso hasta el puente Nanawa, sobre el río Paraguay.

Según los manifestantes los bloqueos intermitentes serán hasta las 17:00. Los harán en forma intermitente cada 15 minutos y liberarán el paso por el mismo tiempo.

Desde el 15 de octubre pasado los indignados piden la dimisión del intendente liberal porque supuestamente tiene una mala administración. Ayer se cumplieron 22 días de escraches, en los cuales salen cada noche a pedir la renuncia del intendente.

Este cierre de ruta concretamente es porque ayer uno de los integrantes de los indignados fue llevado a la fuerza por un grupo de personas y golpeado. Afirman que se trataría de un amedrentamiento para que la gente ya no vaya a las manifestaciones.

La fiscal Ondina Cabral ya se hizo presente en el lugar conversando con los manifestantes, y también está allí la Policía Nacional.

Entre las acusaciones de corrupción que pesan sobre Alejandro Urbieta Cáceres, se encuentra la venta de un inmueble municipal a una empresa privada a un precio irrisorio. También se quejan de que el administrador de la ciudad no repara las calles, entre otras cosas.

Desde el lunes pasado Alejandro Urbieta se encuentra imputado y con prisión domiciliaria. Está imputado por apropiación y lesión de confianza porque una funcionaria municipal lo denunció debido a que se le descontaba mensualmente una suma para la Caja de Jubilaciones, y cuando salió de la Municipalidad, intentó retirar su dinero y sus aportes no figuraban allí.

La otra causa por la cual está imputado es desacato a una orden judicial. Una periodista había pedido documentaciones con relación a la venta de un inmueble municipal a una empresa privada. Ella recurrió al Juzgado, que decretó que las copias sean entregadas a la comunicadora, y el intendente habría entregado copias borrosas, incumpliendo con la orden judicial. La periodista recurrió a la Fiscalía, que imputó al intendente por este caso.

 

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