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Atilio Gayoso, presidente del Consejo directivo del Colegio de Contadores, ratificó que los balances presentados ante diferentes organismos de control del Estado no pueden tener diferencia y deben ser un “espejo” entre sí.
Ayer, la escribana Susana Ramírez Báez, que inscribió la Sociedad Anónima Canto Rodado de la familia Díaz Verón, en que también están su esposa e hijo, con un capital de más G. 2.500 millones, cayó en contradicciones ante la Fiscalía con respecto a si ese capital integrado fue presentado en efectivo o en pagarés.
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“Es una responsabilidad de Seprelad (el haber controlado), habría que preguntarles a ellos, porque es totalmente anormal, amerita una investigación profunda y que paguen los culpables, porque el balance para Seprelad, Tributación y la Abogacía del Tesoro tienen que ser reflejo de la escritura de constitución”, expresó.
El balance presentado, ya sea ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro o el Banco Nacional de Fomento, “tiene que ser el espejo de la escritura de constitución. Eso es lo que se asienta en los asientos contables y da el reflejo de balance de apertura de la sociedad y eso se presenta en las instituciones responsables”, explicó, afirmando que la diferencia de la forma en que se presenta el capital integrado en el caso de los Díaz Verón es irregular.
“Una parte de ese dinero, por la ley de sociedades, tiene que depositarse en el BCP, por lo tanto, creo que no puede uno integrarla con pagarés. El BCP no le va a inscribir su sociedad si no le ha depositado una parte del capital integrado”, remarcó, sin dejar de resaltar que “me extraña realmente que hayan aceptado, tanto el BCP como otras instituciones, porque realmente suelen ser bastante quisquillosos para aceptar los documentos”.
El mismo cuestionó con fundamentos la llamativa “flexibilidad” de los controles con Díaz Verón, ya que es presidente de la Cooperativa Universitaria. “A muchísimos socios no les hemos admitidos sus ahorros al no demostrar sus orígenes, porque hay una resolución de Seprelad que nos obliga a presentar estos documentos, por eso yo creo que hay una anormalidad muy grande en este hecho”, dijo.
Consideró que la Fiscalía debería investigar el hecho, aunque lamentó que el propio sospechoso sea quien estaba al frente de dicha institución. “Tendría que ser la Fiscalía (la que investigue); lastimosamente, está envuelto en el mismo organismo. La Fiscalía es el único organismo que tiene el poder de investigar inclusive a las empresas, pedir informes y todo”, apuntó finalmente.