Juicio a Blanco: pedirán dictamen jurídico

Los senadores colorados Bacchetta y Ovelar dijeron este lunes en conferencia de prensa recogida por ABC Cardinal que, como el juicio contra Blanco se inició en otro periodo legislativo (2014), podría presentar problemas jurídicos si es que prosigue sin que los nuevos senadores hayan participado de la decisión. 

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“Queremos evitar cualquier tipo de nulidad al respecto (...) La Mesa Directiva pidió tener un dictamen jurídico al respecto. Si se tiene que hacer una nueva acusación o se tiene que empezar en donde quedó el proceso, escuchar la defensa del ministro. Ese es el dictamen que vamos a pedir”, explicó Enrique Bacchetta.

A pesar de esto, ambos dijeron que el calendario de juicio político a Blanco, una cuestión que ya se extendió por cuatro años, no se alterará. “Podríamos correr con una suerte de que esto quede con una nulidad total (...) Lo que queremos es estar seguros de que nuestro procedimiento esté totalmente legal y lo que podamos resolver tenga efectos en cosas juzgadas”, añadió Bacchetta.

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“Vamos a seguir con el calendario. Tenemos que actuar con seriedad. No podemos exponernos”, dijo por su parte el presidente del Senado, Silvio Ovelar. Ambos coincidieron en que una vez que haya dictamen al respecto, el pleno resolverá si seguir con el juicio político a Blanco —que se jubila en diciembre— o reanudarlo desde cero.

Los fiscales acusadores de Blanco son Kattya González, Walter Harms y Ramón Romero Roa. El juicio político a Blanco seguirá la primera quincena de noviembre de este año, cuatro años después de haber sido aprobado, en 2014.

La acusación contra el ministro Blanco aprobada en Cámara de Diputados se refiere a fallos del mismo que irían en contra de la Constitución, por habilitar el ingreso al país de químicos peligrosos.

Igualmente, es acusado de haber perdido su honorabilidad al reconocer abiertamente que en la audiencia pública en el Senado mintió sobre el tema de la inamovilidad de los magistrados para lograr ser designado.

Otra acusación se refiere a la compraventa de tierras públicas: compró 5.000 hectáreas del Estado y solo pagó una fracción. Además, a través de un fallo en el caso Rufato, liberó a un peligroso asesino.

También se le cuestiona su ineficaz gestión como superintendente judicial en el departamento Alto Paraná, entre otras acusaciones.

Para aprobar la remoción del cargo se necesita mayoría absoluta de dos tercios (30 votos), según el artículo 225 de la Constitución.