Los audios "tienen una relevancia penal"

Los fiscales que investigan los audios filtrados consideran que la evidencia tiene relevancia suficiente para una persecución penal a pesar de su origen cuestionado por los principales afectados.

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El fiscal Federico Espinoza, el primero en hablar en la conferencia de prensa, destacó que el Ministerio Público “tiene fiscales que hacen su trabajo en forma y dentro de lo que la ley dispone. Creo que es importante hacer este reconocimiento e instar a la ciudadanía a que si hay funcionarios que trabajan al margen de la ley tienen que hacer su denuncia, nosotros estamos comprometidos con el país”.

Luego recordó que en la víspera se presentaron imputaciones y que la Fiscalía General del Estado dispuso la apertura de oficio de una investigación a partir de los audios que salieron a la luz desde el 14 diciembre.

Escuche más: Los audios caso por caso

Detalló que el jueves se presentó imputación contra Raúl Fernandez Lippmann por enriquecimiento y lavado de dinero. Además se solicitó su prisión preventiva considerando que este hecho punible es un crimen. “Ya en horas de la noche se ha concluido que aquellos audios difundidos en los medios de prensa tienen una relevancia penal” lo que desencadenó la serie de imputaciones contra Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y contra Fernández Lippman, por los delitos de tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

Agregó que además se decidió imputar también a los abogados considerados “nexos” para realizar los ilícitos, Carmelo Caballero y Rubén Silva, por tráfico de influencia, asociación criminal y soborno agravado.

Victoria Acuña, por su parte, dijo que no se descarta que se amplíen las imputaciones a más personas, hasta ahora solo a los citados anteriormente.

“Hay que tener en cuenta que se habla de una serie de audios, hay audios de WhatsApp. Se habla de un aparato que graba, probablemente se habrá interceptado el celular. Se va investigar caso por caso”, expuso Espinoza, aunque sostuvo que la defensa de los imputados debería ser la interesada en solicitar que se invaliden los audios como evidencia.

 

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