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MAG: burocracia demora pago a proveedores

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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El exministro de Agricultura Jorge Gattini respondió a proveedores que reclaman pagos pendientes para reactivar obras en diferentes proyectos. Afirmó que se debe a los procesos administrativos que hubo, a los que se sumó el cambio de ministro.

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Cientos de obras de infraestructura para pequeños productores están varadas en distintos departamentos del país. Los proveedores, encargados de ejecutar dichas inversiones, afirmaron que el motivo de los retrasos es la falta de pago en tiempo y forma del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente durante la administración anterior, de Jorge Gattini.

El exministro conversó este miércoles con ABC Cardinal y se defendió comentando que los pagos siguen pendientes porque la presentación de los documentos para la verificación de los proyectos se hizo a finales del año pasado, en pleno cierre fiscal, y a esto se sumó el cambio de titular de cartera, donde Gattini fue reemplazado por Juan Carlos Baruja.

La deuda es en el marco del crédito “70/30 para infraestructura en el agro”, por medio del cual el MAG subsidia el 70% de la obra al pequeño agricultor y este abona el 30% obteniendo un crédito blando. La obra se inicia con un anticipo del 30%, que entrega el productor a la empresa y, posteriormente, esta absorbe el 70%. Una vez terminados los trabajos, el MAG debe fiscalizar y reembolsar ese 70% para las proveedoras. Este reembolso es lo que no están percibiendo los proveedores. Ellos son: Ignacio Brizuela, Óscar Nieva, Graciela Soto, Mirtha Arce, Flaminio Sanabria, Pablo Galeano, Carlos Carmona, Jean Pierre Perrier, Verónica Valdez y Luis Alderete.

“Hay atrasos en los pagos. (…) Justo eso se presentó el año pasado, a finales del año, y vino el cierre contable del pago y el cambio de ministro, lo que hace más lento el pago. En ese proceso se va el tiempo”, indicó Gattini. El problema se inició cuando el ministerio designó solamente tres fiscalizadores (para unos 700 proyectos), sumado a la burocracia propia de la función pública y luego el cambio de administración, que retrasó unos cinco meses los pagos. La deuda por obras terminadas llega a G. 3.443 millones y el monto por inversiones en curso es de G. 13.491 millones, según el dato oficial.

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