La menor fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y producto de esa violación dio a luz a una niña, que en agosto pasado cumplió un año de vida.
Según la magistrada, se hizo una exhaustiva investigación pero la pesquisa no arrojó nada concreto sobre la denuncia en cuestión que fuera promovida por la madre de “Mainumby”, nombre ficticio de la niña-madre para proteger su identidad.
La jueza fue consultada al respecto tras una charla dentro del programa implementado en las instituciones educativas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denominado “Educación en Justicia”.
La charla se llevó a cabo en la escuela Básica 5575 San Luis Gonzaga, de la compañía Costa Sosa. Del encuentro participaron alumnos del tercer ciclo, entre ellos “Mainumby”.
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La charla giró en torno a la prevención del bullyng (burlas) y sobre el programa institucional de la Corte, que esta vez estuvo a cargo de la magistrada Pili Rodríguez y de la Defensora Pública en lo Civil ante la Niñez y la Adolescencia del Juzgado de Luque, Diana Ruiz.
Rodríguez indicó que el objetivo principal es potenciar la educación de los niños en materia de conocimiento de sus derechos y a donde pueden recurrir en casos de que sean vulnerados.
Por último, explicó que realizan periódicas visitas a instituciones educativas, hospitales y cooperativas para promover el programa “Educando en Justicia”.
Hace un par de semanas, la madre de “Mainumby”, la menor que quedó embarazada a los 11 años tras ser abusada por su padrastro, denunció que su hija es víctima de burlas por parte de sus compañeros de escuela.
En aquella ocasión, también se quejaron de un supuesto abandono por parte del Estado, que se comprometió a ayudarla para su manutención y tratamiento, ya que dio a luz precozmente a raíz de una violación por parte de su padrastro, que aún no fue condenado, pero sigue recluido en la cárcel de Tacumbú, tras su detención el año pasado en la zona de Caazapá.
La abogada Elizabeth Torales, denunció en su momento las penurias que estaba atravesando “Mainumby” y su familia por la falta de asistencia, pese a que fue garantizada por el Estado, a través del programa Tekoporã.
Según Torales, la niña es víctima de bullying y abandono. Sin embargo, tras una investigación fiscal y del Juzgado, se descartó el tema de las burlas, señaló la jueza.