En la noche del jueves trascendió la imputación para los exparlamentarios, como también al exministro Carmelo Caballero, Raúl Fernández Lippmann y Rubén Darío Silva Segovia, para quienes se solicita prisión preventiva.
A los mencionados se le atribuye los tipos penales de asociación criminal y tráfico de influencias, a cuatro de ellos se le agrega la figura de asociación criminal de la cual quedó exceptuado Fernández Lippmann.
Cabe aclarar que en Fernández Lippman, ya fue imputado anteriormente por tráfico de influencias, por lo tanto se amplían los tipos penales en su caso, explicó el fiscal adjunto Federico Espinoza, en contacto con ABC Cardinal.
En las consideraciones del fiscal Martín Cabrera se hace mención al peligro de fuga y obstrucción de la investigación, específicamente por medio de la destrucción o alteración de los elementos de prueba, por ello se solicita al juez de Garantías, el arresto domiciliario para los citados.
Se presume que los imputados también podrían influir en los demás involucrados en la causa como así también en los testigos, como otro de los factores que motivan el pedido de arresto.
La artera influencia de los exsenadores quienes ejercieros los máximos cargos dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quedó al descubierto tras la serie de audios difundidos a través de radio ABC Cardinal, bajo el nombre Se Pudre La Justicia.
Oscar González Daher fue el primer legislador que fue expulsado por sus pares a causa del escándalo de corrupción, mientras que a Oviedo Matto también perdió su condición de legislador, pero mediante la aceptación de su renuncia.
Tanto Caballero, como Fernández Lippmann se valieron de sus influencias para actuar de manera irregular, negociando caso y amenazando a fiscales para torcer procesos a favor de alguna de las partes a cambio de beneficios dentro del Jurado.