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Carlos Javier Centurión, marido de la supervisora administrativa de San Juan Nepomuceno, Elva Morlas, también sería planillero en una escuela de la comunidad indígena de la compañía Toro Blanco del distrito de Tavaí.
Florentín es funcionario de la Fiscalía de San Juan Nepomuceno del área administrativa. Además figura en la planilla del MEC con un sueldo superior a G. 2.300.000, dinero que estaría cobrando en forma irregular debido a que nunca fue a enseñar en la escuela de los nativos.
Estos nuevos datos saltan a la luz tras la denuncia pública hecha por la docente Solvey Benítez, residente en Vancouver, Canadá, quien denunció que la hija de la coordinadora departamental de supervisores, Liliana Villalba, Natalia Espínola, cobraba como docente sin cumplir con su labor en una comunidad indígena del distrito de Abaí.
La supervisora administrativa de San Juan Nepomuceno, Elva Morlas, dijo que su marido sí figuraba como docente en la comunidad de Kaaguy Pa’û pero cumplía labores en la supervisión indígena de San Juan Nepomuceno a cargo de Arsenio Larrea.
"Él era técnico de la supervisión indígena y trabajaba en horas de la tarde. En febrero presentó renuncia para acceder a un cargo en una universidad de esta localidad", señaló la supervisora.
Otros datos, que se dieron a conocer ayer, es que un hermano de Liliana Villalba, el agente policial Miguel Ángel Villalba Ramírez, figura como docente de la escuela Julio César Duarte Ortellado de Caazapá. El hombre nunca fue a trabajar en dicha institución, según confirmaron los docentes.
Además de figurar como docente de la Escuela Julio César Duarte Ortellado, el policía es docente en la Escuela Básica 6012 de la comunidad indígena Ykua Porã, del distrito de Abaí. Aquí también su sobrina figuraba como educadora, siendo a tiempo completo estudiante de medicina de Villarrica.
Miguel Ángel Villalba Ramírez igualmente figura como catedrático del centro 6-50, alfabetización de adultos de la compañía Viyu (comunidad indígena) de Tavaí. Villalba Ramírez en las tres instituciones mencionadas completa cinco rubros y cobra un poco más de G. 3.100.000.
Tratamos de hablar con el efectivo policial Villalba Ramírez, pero no contestó su teléfono celular.
Los pobladores manifiestan su repudio en las redes sociales y exigen que los casos no terminen con la renuncia de los involucrados, sino que la suma ya cobrada sea devuelta a las arcas del Estado. Además, que los responsables deben ser procesados por estafa, lesión de confianza, usurpación de cargo público.
Otros pobladores indicaron que no es posible que no haya en el departamento de Caazapá alguien que defienda al pueblo, a los indígenas, cuyas escuelas se están utilizando para la estafa y cobro indebido.