El Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial del 18° turno de capital, a cargo de la Jueza Vivian López Núñez, ordenó la extensión del plazo de intervención desde el 27 de enero de 2017 hasta la misma fecha abril del mismo año.
Recientemente, la contadora del ente regulador, Silvia Raquel Franco Giménez, fue imputada por lesión de confianza, apropiación y violación del deber de llevar libros de comercio y es la nueva persona que se fue adherida a la investigación como parte de la rosca que participó del saqueo.
Tras la intervención, la contadora no se volvió a presentar a trabajar pese a que fue notificada en reiteradas ocasiones para hacerlo. La intimación notarial que recibió la rechazó con un colacionado, que dio pie a las primeras sospechas de su participación en el caos administrativo.
Una auditoría reveló que existe un faltante de G 2.082 millones en las arcas de APA, cifra que se obtuvo de la diferencia entre los ingresos y los egresos documentados, con base en las presentaciones documentales que proporcionó la administración suspendida ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.
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El presidente de APA Alcibiades Roa fue imputado por lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio; Luis Barrientos, exsecretario general de APA, por lesión de confianza, apropiación, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos; a Librada Jiménez, exencargada de caja, por lesión de confianza y apropiación; y Cecilia Riveros, de Inspectoría, por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos.