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El abogado Ricardo Preda insistió en indicar que las nuevas imputaciones contras sus clientes, la intendenta suspendida de Ciudad del Este, McLeod, y su esposo, el senador Zacarías Irún, están “viciadas” se reafirmó en plantear la nulidad del proceso. Exigen que rija el “estado de derecho” para sus clientes.
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“Cada uno de nosotros podemos tener nuestras posiciones; el tema es que yo pueda imponer mi decisión a la fuerza porque tengo más seguidores que vos o vos tenés más seguidores que yo. Esto definitivamente no forma parte de un estado de derecho y es una regresión a los estados autoritarios, donde la mayoría o los que tienen más fuerza imponen su posición”, dijo, indicando que supuestamente la justicia no se puede dejar someter por “tapas de diarios”.
El abogado, sin embargo, desconoció el hecho de que sus clientes tienen varios antecedentes de prepotencia y de haber sometido a la justicia a su antojo en la capital altoparanaense. Una de las evidencias más flagrantes es que el clan, mediante medidas judiciales, logró impedir durante años los controles de la Contraloría General de la República a la gestión municipal, pese a serios indicios de irregularidades en la gestión de McLeod.
El argumento de Preda para indicar que la imputación contra sus clientes es irregular, "por errores procesales", específicamente sostiene que los fiscales reabrieron la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Zacarías Irún de manera errónea, es decir, investigaron los supuestos hechos nuevos contra el legislador sin solicitar previamente que se reabra la causa que había sido desestimada anteriormente.
“Tienen que pedir la reapertura antes de investigar y si tienen una información distinta que no guarda relación con esa denuncia que fue desestimada, abren otra investigación; no hace falta una reapertura, sino abrir otra investigación”, afirmó.
El procedimiento correcto es que se tengan nuevos indicios y se abra una causa aparte y “no que la Fiscalía aproveche una denuncia e investigue otra hipótesis fáctica dentro de una denuncia que no guardaba relación con otra línea de investigación, porque en un estado de derecho no es que el fiscal puede investigar lo que él quiere, sino debe investigar en base a un indicio”.
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No obstante, negó que el supuesto “error procesal” sea una estrategia coordinada entre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y la defensa para terminar cerrando el proceso y beneficiando al clan. “Sandra Quiñónez (...) primero que ella no define lo que hace un fiscal -al menos yo no tengo ningún indicio de que haya influido en fiscales- y si hubiera influido en los fiscales y nos quisiera ayudar les hubiera pedido que hagan lo correcto”, finalizó.