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El informe data del 20 de enero (dos días antes del incendio) y asegura que Cristian Ariel Sánchez Ojeda (25) y Juan Édgar Duarte Collar (31), sobrino y tío respectivamente se encontraban encerrados en condiciones infrahumanas en el calabozo de aislamiento, relató Miguel Angel Gavilán, abogado de la familia de los ahora fallecidos, a consecuencia de las quemaduras.
“Las personas permanecían en las mismas durante las 24 horas sin acceso a servicios médicos ni consumo de agua y otros aspectos como el aseo personal. Las letrinas se hallaban deterioradas y con el sistema de desague taponado. No contaban con la información que el tiempo que permanecerían aislados”, leyó el asesor jurídico en diálogo con ABC Cardinal.
Otro documento, también del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, asegura que en la intervención llevada a cabo ya luego del siniestro -que se habría dado a modo de protesta por dichas condiciones- se pudo constatar que los dos extintores del lugar se encontraban en situación irregular. Uno con fecha de vencimiento en mayo y otro cuya etiqueta estaba raspada en el lugar donde contenía el mismo dato.
En este sentido, el representante legal señaló que ante esta alarmante evidencia llegarán hasta las últimas instancias para que se esclarezca lo sucedido, tal y como lo anunciara la semana pasada. “Vamos a pedir la destitución de este director (César Manuel Garay) y posteriormente que sea procesado y no solo él sino todos los otros subalternos”, anunció.
En referencia al papel del Garay en el caso, reiteró que manejan la información de que habría mandado desbaratar cuatro cámaras de circuito cerrado que podrían echar luz en relación a lo ocurrido el día del incendio. Además, habló del traslado de internos al Penal de Emboscada de internos que fueron testigos de lo ocurrido.
Julio Agüero, director de Institutos Penitenciarios, había argumentado que lejos de buscar sanidad en la celda donde se encontraban, estas personas quemaron colchones porque estaban con síndrome de abstinencia, pues eran adictos.
Sobre la carpeta fiscal abierta en el Ministerio Público, dijo que el caso se está dilatando mucho. La causa que estuvo a cargo del fiscal Rogelio Ortúzar, luego de la denuncia de que en la misma no constaba más que un informe policial a medias en el que se relataba que el director ni siquiera permitió el ingreso de agentes policiales para verificar lo ocurrido, pasó a la Unidad de Derechos Humanos, con la fiscal adjunta Lourdes Samaniego. “El jueves estuve tratando de acceder y no se pudo definir nada. Recién hoy a última hora se firmó y se devolverá a Ortúzar”, indicó.
Periodistas de ABC Color intentaron comunicarse con Garay para obtener su versión, pero no fue posible.
El primero en fallecer fue Juan Duarte, quien purgaba una condena de 15 años por homicidio doloso. Su deceso se produjo a las 16:30 del 24 de febrero en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (ex Hospital de Clínicas), debido a que el 75% de la superficie corporal registraba quemaduras de grado diverso, informaron fuentes médicas.
El otro interno afectado por quemaduras, Cristian Sánchez Ojeda, condenado a 14 años también por homicidio doloso, falleció el mismo día, a las 21:00, confirmó la propia madre del infortunado, María Paula Ojeda.