En ese contexto, el MOPC ratifica que el proceso de licitación para la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, bajo el régimen de APP, "se lleva adelante con transparencia, dentro del más absoluto respeto a las normas legales que rigen la materia", por lo que "no corresponde la cancelación recomendada" por la Contraloría General de la República (CGR).

La secretaría de Estado señala que la acción de certeza constitucional pretende que la Corte Suprema de Justicia, como máxima instancia judicial, "determine a ciencia cierta" si el actuar de la Contraloría General con  relación a la licitación del aeropuerto "se ajusta o no" a las competencias que le otorgan las leyes.

El MOPC sostiene que la Contraloría "se ha extralimitado" en el ejercicio de sus funciones y que con ello "ha socavado" todo un procedimiento establecido para un concurso de APP en la propia Ley 5102, en el decreto reglamentario y en las demás leyes que hacen al universo jurídico en esta materia.

Recuerda asimismo que el viernes 27 de octubre pasado desistió de la acción judicial presentada el 10 de julio del corriente año ante el Tribunal de Cuentas, considerando que era la decisión adecuada en vista de que el proceso administrativo es muy largo y no se condice con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio.

Asegura que las acciones judiciales "se fundan exclusivamente en la violación al principio de legalidad en que incurrió la Contraloría General de la República", al extralimitarse en sus competencias legales, al emitir recomendaciones sobre aspectos de alta especialidad técnica, arribando a conclusiones que exceden su competencia y recomendando hasta asuntos de ingeniería.

Manifiesta igualmente que el margen de actuación de la Contraloría "debe enmarcarse estrictamente" en las actividades económicas y financieras del Estado. Agrega que hasta que se sustancie esta nueva acción judicial, el proceso de licitación del aeropuerto Silvio Pettirossi sigue en instancias de la Comisión de Evaluación de Ofertas.

En junio pasado, la Contraloría General se ratificó en el dictamen inicial que recomendaba la cancelación del proceso de licitación para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en el que aparecía más cerca de ganar la firma española Sacyr, de polémicos antecedentes.

La recomendación de la Contraloría, recurrida por el MOPC, se basaba en dos cuestiones fundamentales: la omisión del llamado a precalificación por el MOPC y el diseño defectuoso de los pliegos, que fueron hechos con soporte de la consultora Deloitte.

Contraloría no hizo lugar al pedido de reconsideración porque no se agregaron hechos nuevos, según explicó el contralor Enrique García.