“Es algo muy serio la elaboración de un presupuesto, lo hemos hecho con mucha seriedad y en una plenaria a los compañeros se les va la mano y estamos quebrantando una ley que nosotros mismos hemos votado: la ley de responsabilidad fiscal. Muy fácilmente se pide el presupuesto pero no se tiene con qué financiar”, criticó el legislador en contacto con radio ABC Cardinal.
“Parece que muchas veces quieren congraciarse electoralmente con un público”, afirmó el diputado Cáceres. “Los parlamentarios violaron la ley de responsabilidad fiscal”, manifestó posteriormente el legislador. En cuanto a la forma de hacer frente a los aumentos, el legislador expuso que la pregunta hay que hacerla a la cartera de Hacienda. “Como ciudadano te digo que no podemos dar lo que no hay”, remarcó.
A su criterio, los aumentos para salarios de sectores públicos aprobados en la víspera son para congraciarse políticamente. “Cuando piden (presupuesto) para ciertos segmentos más allá de lo que se pide es para congraciarse con ciertos sectores, pero considero que eso no te garantiza votos”, acotó. Finalmente, dijo que lo único que queda por hacer es tratar de corregir el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017 en la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados, en medio de una fuerte campaña preelectoral por parte de los legisladores de los diferentes partidos políticos, aprobó ayer el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017 con aumentos salariales, bonificaciones, aguinaldo extra y emisión de bonos, sobrepasando el tope de gasto y la ley fiscal que en principio se habían comprometido a respetar.
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Los diputados salieron ayer a cazar los votos de los funcionarios públicos y casi nadie quiso ser menos a la hora de repartir el dinero de la ciudadanía que paga sus impuestos. En ese contexto aprobaron un incremento de 7,2% para funcionarios que ganan el sueldo mínimo, que se pagará desde el segundo semestre, a lo que se agrega el ajuste correspondiente en el mismo nivel a militares y policías que tienen atadas sus remuneraciones al mínimo legal.
A esto se suma un incremento de 12% para todos los docentes, con un costo aproximado de G. 173.000 millones, pago que empezará a correr desde el mes de julio. También otorgaron 12% para el personal de blanco de Salud Pública, permanente y contratado, que tendría un costo de G. 110.000 millones, a ser abonados desde el mes de julio; en iguales condiciones se concedió a los docentes investigadores del Instituto en Ciencias de la Salud y los enfermeros del Hospital de Clínicas.
La Corte Suprema de Justicia no quedó atrás y fue beneficiada con G. 89.448 millones para el pago de bonificaciones y otros gastos en inversión, al igual que G. 12.000 millones para el mismo fin para el Ministerio Público, que -según dijeron- fue con anuencia del Ministerio de Hacienda, instancia donde existen casos por resolver en contra de varios legisladores.
Además, mantienen el pago de una gratificación o aguinaldo extra en el año para aquellos entes que tienen disponibilidad –de los dos que tienen hasta este año– y que desde el Ejecutivo se dijo que se eliminaría para siempre tras los reclamos de la ciudadanía.