Según relató a ABC Cardinal, en 2011 solicitaron acceder a una de las viviendas que ofrecía la Senavitat en la zona de Acaray. Su marido, el suboficial de Policía Juan Gabriel Godoy, murió en servicio en junio de 2011 cuando ella estaba embarazada, por lo que el Gobierno, a modo de indemnización, le adjudicó directamente la vivienda.
“Pasaron los meses, hice entrega del pago inicial y poco después se paralizaron las construcciones”, contó. Tras esto, habló con sucesivos ministros del Interior y de Vivienda para regularizar la situación, pero solo recibía promesas.
Recientemente, se constató que las casas ya adjudicadas a 150 familias fueron invadidas por personas que tendrían respaldo del clan Zacarías, e incluso, ya realizan modificaciones a las casas. “En cada vivienda hay un vehículo, todos haciendo mejoras. Son gente que no necesita. Tienen respaldo político, por eso no tienen miedo al desalojo”, expuso.
Tanto ella como el resto de los adjudicados reclaman una solución al conflicto. “Parece que nos van a obligar a desalojarlos. No hace falta que tengamos que llegar a hacer eso”, advirtió.
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