Según revelan documentos a los que tuvo acceso ABC Color, el nuevo titular del órgano extrapoder decidió deponer de sus cargos a varios directores muy cuestionados.
Entre los directores depuestos figura Analy Valiente, esposa del senador Dionisio Amarilla y quien hasta este martes se desempeñaba como directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría.
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Valiente llegó al cargo en mayo de 2018, de mano de José Enrique García, quien presentó renuncia al cargo de contralor general la semana pasada cuando su destitución por la vía del juicio político era inminente.
Hasta que explotó el escándalo de planillerismo en la Universidad Nacional de Asunción en el 2015, Analy se desempeñaba como funcionaria privilegiada de la institución, donde su marido estuvo por muchos años como administrador. Percibía un ingreso de G. 9.178.988 como jefa de departamento y docente.
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Al verse salpicada, Valiente renunció a la UNA, y rápidamente logró su nombramiento como nueva funcionaria de la Contraloría General de la República, con un salario superior a los G. 15.000.000, posiblemente ya a instancias de su marido, que entonces era diputado.
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Amarilla fue uno de los senadores que intentaron evitar la destitución de García durante su juicio político. Es más: se reunió con él días antes en el departamento de su colega y correligionaria Zulma Gómez.
En reemplazo de Valiente fue nombrado Armindo Torres Torres, funcionario de años de la Contraloría.
Otro de los depuestos es César Núñez Alarcón, quien ocupaba el cargo de Director Jurídico de la institución, y en su reemplazo fue nombrado Christian Daniel Barba Mazó, quien era director de la Unidad Operativa de Contrataciones del SNPP.
Núñez Alarcón fue quien se encargó de la defensa de la Contraloría en el juicio planteado por un periodista de ABC Color debido a que la institución se negaba a entregar las declaraciones juradas. El ahora destituido presentó argumentos paupérrimos y dilató el juicio en reiteradas oportunidades para evitar entregar información pública.
Antes de llegar a la institución, Núñez Alarcón también fue abogado defensor de narcotraficantes.
Otro de los destituidos es José Nicolás Arregui, primo y operador político del senador Dionisio Amarilla, quien se desempeñaba como director de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias.
Arregui fue precandidato a diputado de Itapúa por la Lista 100, encabezada por Amarilla. Funcionarios de la dirección que figuraba a su cargo fueron denunciados por un supuesto pedido de dádivas para la aprobación de rendiciones de cuentas de recursos de royalties y Fonacide.
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Durante el juicio político al excontralor Enrique García, varios senadores denunciaron que existía un esquema de recaudación precisamente con base en la extorsión a intendentes y gobernadores.
En su lugar, fue nombrado como director Mario Luis Florenciáñez Cabrera.
Benítez Aldana también dispuso el cambio de Carlos Krüsell Llano, quien estaba al frente de la dirección de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
Krüssell Llano en su momento había sido imputado por favorecer a determinados distribuidores, aprovechándose de su cargo de director en la Industria Nacional del Cemento (INC). Por este cargo, en marzo de 2014, se le otorgó prisión domiciliaria bajo una fianza de 500 millones de guaraníes, y posteriormente fue sobreseído.
Fue investigado porque, presuntamente, los proveedores a quienes beneficiaba eran sus parientes. También afrontó sumarios por infringir la Ley 1626, de la Función Pública.
En enero de 2017, cuando era director de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central, estuvo involucrado en hechos turbios relacionados a la provisión del vaso de leche para los niños de las escuelas. En ese entonces, aseguró que era el Ministerio de Hacienda el que no transfería los fondos para el pago a las empresas distribuidoras del producto.
En su lugar, fue nombrado Gabriel Gustavo Arana Ruiz.