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El juicio oral y público se llevará a cabo este viernes en el Juzgado de Primera Instancia en la sala penal, de Luque. El fiscal interviniente es Juan Carlos Ruiz Diaz.
El hecho habría ocurrido en junio de 2014 y fue denunciado en la Comisaría Tercera Central de esta ciudad. La víctima, un menor de 9 años en aquel entonces, fue sometido sexualmente en varias ocasiones por la pareja sentimental de su abuela materna, un hombre de 50 años actualmente. Familiares de la víctima temen que el caso expire en diciembre de este año y el acusado quede en libertad. Aseguran que todos los exámenes médicos y otros tipos de pruebas confirman la consumación del hecho.
El acusado cuenta con frondosos antecedentes por hurto cometidos en los años 1991, 2000 y 2011. Además, en 1994 fue denunciado por "lesiones y heridas", donde tuvo lugar su detención. En el 2007 fue declarado prófugo en rebeldía por incumplimiento del deber alimentario y en 2014 fue denunciado por abuso sexual en niños, hecho comprobado según la denunciante.
Ante este caso obtuvo una medida alternativa a la prisión. También cuenta con prohibición de salida del país.
El hombre, según datos proveídos, logró suspender en varias ocasiones las audiencias preliminares y el inicio del juicio oral desde hace casi cuatro años. Dicen que se excusó alegando que carecía de abogado, pero en realidad se presume que su verdadera intención sería lograr que la causa se extinga en diciembre próximo.
Luego de seis meses del hecho, en el año 2014, el fiscal interviniente en principio, Martín Morínigo, solicitó la prisión preventiva para el imputado, pero en el día de la audiencia, el 11 de diciembre de ese mismo año, el supuesto victimario no se presentó al juzgado, por lo que el juez determinó su prisión preventiva en el penal de Tacumbú. Sin embargo, hasta la fecha sigue libre.
En la audiencia del 15 de enero del año 2015, el acusado representado por un abogado, ofreció una fianza personal de G. 800.000, así como una motocicleta a cambio de "no agregar antecedentes". En ese entonces, la jueza María Fernanda García de Zúñiga resolvió dar lugar a la revisión solicitada y otorgó arresto domiciliario al demandado, además de la prohibición de salir del país, no consumir bebidas alcohólicas y aceptó la fianza personal y real. De este hecho la madre del niño nunca se enteró, asegura.
La mujer cambió de representante legal y recién ahora se enteró de la fianza acordada.
"Entre ellos solucionaron todo. Nunca me comunicaban nada de lo que pasaba. Incluso aparecen varias citaciones y audiencias de las cuales jamás me enteré. El fiscal ni se acordaba del caso de mi hijo, a las apuradas leía el expediente siempre. No quiero que esto quede impune, pido justicia para mi hijo porque hasta ahora sufre las consecuencias. Y algo muy importante, no solo con mi hijo hizo eso, pero yo me animé a denunciar y ahora tengo miedo que el juez le otorgue la libertad. No quiero dinero, ningún acuerdo, con ningún dinero cambiarán lo que le hicieron a mi hijo. Quiero que vaya preso", expresó angustiada la madre del menor.