Según el escrito, OGD y su hijo “no son ni fueron administradores ni tienen a su cargo el uso del bien público”, por lo que no se les puede atribuir “ningún enriquecimiento ilícito”.
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Actualmente, ambos están imputados por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. La defensa apunta a que solo sean procesados por los últimos dos hechos punibles.
“Además, la compra de los bienes adquiridos es absolutamente anterior al ingreso en la Cámara de Diputados, Senadores o a la Junta Municipal”, expresa el documento presentado por la abogada Sara Parquet.
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En la víspera, la defensa del clan había planteado también la anulación del embargo de bienes de la familia, alegando que fue hecha sin fundamentos y calificando de nula la decisión del juez.
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González Daher y su hijo cumplen prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
En caso de que la defensa consiga excluir el delito de "enriquecimiento ilícito" entre las causas abiertas, González podría acceder a medidas alternativas a la prisión. Actualmente, esta carátula es la única que le impide intentar este beneficio, ya que se considera el hecho como un crimen y la expectativa de pena es de 10 años de cárcel.