En conversación con la 780 AM, Ortigoza se refirió a las circunstancias en que se produjo su salida del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
“Puse mi cargo a disposición y el Presidente aceptó porque existe una norma legal”, manifestó.
Indicó que la imputación en su contra sigue firme; sin embargo, cuestionó el proceso penal iniciado luego de que se descubriera un presunto negociado por tierras con la empresa San Agustín, vinculada al oviedismo.
“Para mí, la imputación no tiene ningún sustento. No tiene fundamento”, aseveró.
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Consideró que la Fiscalía nunca debió imputarlo, ya que -a su parecer- todo el proceso de compra de las 5.700 hectáreas por G. 60.000 millones se ajustó a las leyes.
Ortigoza no mencionó que hubo dos tasaciones, mediante las cuales se duplicó el precio del inmueble.
Tampoco hizo referencia al tiempo en que se cumplieron los trámites hasta llegar al desembolso de un primer pago, de G. 46.000 millones.
Pese a que existen reclamos de compra de tierras por parte de campesinos, el Indert priorizó la adquisición de un inmueble que no está sujeto a la reforma agraria.
Tras conocerse el caso, la Fiscalía imputó por lesión de confianza a Ortigoza, quien inicialmente se resistió a salir del cargo.
Finalmente, el lunes último, el presidente Franco decidió remover al titular del Indert y nombrar como titular interino a Juan Carlos Ramírez Montalbetti.