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El caso se relaciona con el vencimiento de una póliza de seguro de la obra del refulado hidráulico y la construcción del complejo habitacional en el Bañado Norte, financiadas con un préstamo del Banco Mundial.
La licitación de G. 54.900 millones había sido adjudicada en 2015 bajo la presidencia de Osmar Ludovico Sarubbi Gamarra al Consorcio Bella Vista, integrada por la firma norteamericana Environmental Risk Service (ERS) y la española Magtel, cuyos representantes eran Paola Rodolfi y Javier Gala.
Según el relato fiscal, Báez Santacruz fue responsable de que la empresa del Estado, después de rescindir el contrato, no pudiera recuperar la garantía del adelanto financiero de G. 5.490 millones, porque depositó el dinero en cuentas bancarias que no estaban indicadas expresamente en los documentos contractuales.
Justamente por este caso Sarubbi Gamarra se vio obligado a dimitir a la presidencia de la Essap el 5 de setiembre de 2017.
La causa cayó en la sala penal de garantías (segundo turno) a cargo de la jueza Alicia Pedrozo Bernil
Detalla que en 2017, cuando el entonces titular de la Essap, Carlos Arce, solicitó ejecutar la póliza del Banco Continental por valor de G. 2.790 millones, le pidieron la copia del depósito a la cuenta N° 06381212 en el Citibank NA (California, Estados Unidos), que la Essap no tenía porque había emitido dos cheques del Banco Nacional de Fomento y del Banco Regional por valor de G. 4.392 millones y G. 829 millones, respectivamente. Ambos cheques librados a nombre del Consorcio Bella Vista fueron depositados en una cuenta del Banco Continental que no correspondía a la cuenta establecida en el contrato.
“La falta de cumplimiento por parte del gerente financiero de la Essap, Lic. Fernando Jhoni Báez, de realizar el pago de anticipo financiero por medio del despósito en la cuenta del contratista N° 206381213 den el Citibank SA, sucursal Walnut Creek, California Estados Unidos, habría generado la imposibilidad de poder ejecutar el cobro de la Garantía Bancaria por la suma de G. 3.009.72.018”, señala parte del pedido de imputación.
El contrato había sido rescindido en 2017 luego de que el Banco Mundial detectara que la empresa norteamericana ERS había presentado documentos falsos para ganar la licitación. La Essap tuvo que otorgar la construcción de las 96 viviendas a otra empresa, que concluyó por el doble del precio que figuraba en el contrato malogrado.
El exgerente de la Essap ya había sido imputado en noviembre del año pasado por lesión de confianza junto a otros 39 funcionarios de la Essap, entre ellos el extitular Osmar Ludovico Sarubbi.