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En esta oportunidad, la exadministradora Marlene Mendoza, una de los acusados, decidió cambiar de abogado, con lo que logró postergar una vez más la realización del juicio. El 20 de marzo se hará un nuevo intento. Quesnel y los demás acusados han conseguido burlarse de la justicia desde 2016, con sucesivas chicanas para entorpecer el proceso.
Se trata de la causa por apropiación y lesión de confianza, derivada del desvío de más de G. 3.000 millones pertenecientes a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
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Esta suma de dinero debía destinarse a las citadas comunidades en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado paraguayo; sin embargo, fueron retirados entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2013, sin que se conozca su destino. Tampoco pudo ser recuperada.
Además de Quesnel y Mendoza, están acusados Éver Otazo Martínez, exfuncionario del Indi, y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.