La imputación fue por los hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez y Martín Cabrera solicitaron a la juez Penal de Garantía Dólica Giménez la prisión preventiva.
La investigación sostiene que el imputado sería responsable de la creación de empresas de maletines; obtención y proporción de facturas presuntamente falsas, que hasta el momento fueron detectadas por un valor de G. 646.235.022.374.
Según el acta de imputación, el 5 de febrero de este año, la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación formuló una denuncia ante la sede fiscal, a raíz de las discrepancias entre las ventas declaradas en el IVA de 13 contribuyentes, y las compras informadas por supuestos clientes.
La presunción en ese entonces era que las facturas utilizadas por los clientes como respaldatorias de su crédito fiscal, eran apócrifas. Una investigación reveló 285 empresas que habrían utilizado las facturas de los 13 proveedores.
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A raíz de esta denuncia, el Ministerio Público realizó diversas diligencias, incluyendo allanamientos como en el depósito de la firma Company Electronics S.A., y también el domicilio del hoy imputado, donde hallaron planillas que contenían detalles de liquidación del IVA correspondiente a los 13 supuestos proveedores; copias de acta de Asamblea de la firma Company Electronics S.A.; y constancia de recepción de documentos a nombre de la misma firma.
En una parte del documento de imputación, los investigadores señalan que estas “empresas de maletín” son creadas con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Gómez Silva y que totalizan la suma de G. 646.235.022.374.
Las facturas apócrifas habrían sido utilizados por las empresas con la finalidad de obtener crédito fiscal indebido y no abonar al fisco el impuesto correspondiente Algunos de los supuestos proveedores manifestaron no haber realizado intercambio comercial con las firmas que aparecen en un listado de 285 empresas denunciados por la Subsecretaria de Estado de Tributación y otros manifestaron nunca haberse inscripto como contribuyente ante la SET.