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“Nosotros, a través de la querella, vamos a pedir un resarcimiento por daño moral y, probablemente, también de proseguir su carrera mientras dure el sumario administrativo que se realizará en la fecha. La suspensión de proseguir su carrera vamos a apelar porque no corresponde”, indicó, Reinaldo Acosta, abogado de los jugadores Bernardo Gabriel Caballero y Fermín Morínigo, que denunciaron al dirigente Antonio González.
El pedido de levantarse la sanción de suspensión contra el jugador Caballero se dará pese a que dirigentes de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) aclararon que la medida se asumió provisoriamente para evitar que siga sufriendo irregularidades en su traspaso.
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La Fiscalía de hecho ya imputó a González, quien sigue prófugo, por los presuntos delitos de acoso, maltrato; y, en el caso de Morínigo, por trata de personas, ya que era menor al momento de los supuestos ataques, que datan de al menos dos años atrás.
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“(La situación data de hace) aproximadamente 2 años. Desde que llegó al club sufrió sistemáticamente el acoso de este señor (González). Por lo visto que (Morínigo) nunca hizo la denuncia; el muchacho estaba solo, no sabía a quién recurrir, y cuando Caballero denunció, se acercó a hablar con él”, indicó el abogado.
La defensa de González, por su parte, trató de minimizar las serias denuncias contra su cliente, al afirmar que simplemente se trata de una “pelea de pareja”, alegando una supuesta relación previa entre el dirigente del club y el jugador Caballero.
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Sin embargo, la denuncia más grave es la de Morínigo, ya que era menor en el momento de sufrir el presunto acoso, y si bien afirmó que no llegó a consumar una relación sexual con el dirigente, sí sufrió las consecuencias por negarse.
“Le preparaba después del encuentro de fútbol para que le visitara en su dormitorio y tratar de tener con él relaciones sexuales. No tuvo, y a consecuencia de eso fue el maltrato, porque se negaba. Las veces que se negaba, le suspendía un partido, no le pagaba su premio; eso es lo que había manifestado”, dijo el abogado, que indicó que en su momento, además de los videos de amenaza, que son públicos, también agregará mensajes de texto como pruebas para la investigación encabezada por la fiscala Teresa Martínez.