Caso comisiones: pedirá que Cancillería intervenga

El ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, pidió a la Cancillería que tome intervención a través de la embajada paraguaya en Madrid en la investigación que lo vincula a una supuesta red de sobornos para adjudicación de obras a la empresa Isolux.

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“Quiero aclarar bien este tema y voy a hacer lo que haga falta, estoy abierto e incluso estoy pidiendo a la Cancillería que, a través de la embajada paraguaya en Madrid, tomemos intervención ante lo que está haciendo la Policía Judicial española. Nos ponemos al servicio para aclarar esta situación, las puertas están abiertas aquí, le vamos a recibir, yo quiero que se aclare”, dijo el ministro en comunicación con ABC Cardinal.

“Más allá de lo que hoy estamos manejando, que son informes periodísticos, necesitamos tener los detalles de la investigación en sí y a la vez comunicar la intención de trabajar con ellos para aclarar este tema con toda la profundidad y detalle que tengamos”, remarcó el ministro sobre el pedido de intervención a través de Cancillería en el caso donde se lo involucra a él en un esquema de supuestos sobornos.

El caso que corresponde a una investigación formal de la justicia española, y que está siendo publicado por el diario el Mundo de dicho país, vincula a Jiménez Gaona con Ernesto dos Santos, el presunto “nexo” entre el MOPC y Jordi Pujol, representante de la empresa Isolux, finalmente adjudicada con la construcción del llamado “superviaducto”.

Jiménez Gaona, quien anunció una querella contra nuestro diario por reproducir las publicaciones de El Mundo, dijo que conoce a Dos Santos desde hace tiempo porque ambos estudiaron en el colegio San José. Pese al anuncio de la querella contra ABC Color, el ministro apenas dijo que analizará si demanda a Dos Santos, quien realmente es el que habría afirmado tener la posibilidad de lograr contratos mediante su cercanía con el ministro previo pago de una comisión.

El ministro defiende un eventual pago de Isolux a Dos Santos, alegando que es normal abonar comisiones por la gestión a empresas locales. Insistió en que, según él, no existieron irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra del superviaducto.

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