La captura internacional fue solicitada por la Fiscalía a la jueza penal de Garantías María Griselda Caballero, quien interina al juez recusado Humberto Otazú.
En la mañana del 16 de mayo estaban citados para la audiencia de imposición de medidas Darío Messer, Dan Wolf Messer, (hijo de Darío) y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del presidente Horacio Cartes. Sin embargo, el abogado de este último, Álvaro Rojas Vía, había recusado al juez penal de garantías Humberto Otazú, para evitar que se realizara la diligencia.
El expediente subió a la Cámara de Apelación, donde se realizó un nuevo sorteo para elegir a un juez interino, a fin de que el proceso no quede varado. Resultó sorteada la magistrada María Gricelda Caballero, quien como primera medida resolvió la rebeldía de los tres procesados y la captura. Para el efecto, libró oficio a la Policía Nacional de manera que, una vez que estas personas sean detenidas, sean llevadas a una dependencia policial y luego puestas a disposición del juzgado que lleva el proceso.
Griselda Caballero es la misma jueza que, cuando llegó el pedido de captura internacional para Darío Messer por parte la Interpol, no consideró urgente el pedido, pese a que el documento tenía el enunciado "urgente" en la parte superior. Por esta irregularidad está siendo investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mal desempeño en sus funciones.
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Como se frustró la audiencia de imposición de medidas, el fiscal del caso, René Fernández, le pidió al juez Humberto Otazú que declare en rebeldía a los tres procesados, pero luego sobrevino la recusación. Sin embargo, la jueza interina le dio trámite al pedido del Ministerio Público y se dispuso la medida.
Tras la imputación, el 9 de mayo pasado fue ordenada la detención de los Messer (padre e hijo) y el primo de Cartes, a quienes se sumó Adolfo Enrique Granada, accionista de tres empresas que integrarían el esquema de lavado de dinero de Messer.
Sin embargo, el único que se presentó fue Granada, quien declaró en la Fiscalía y, al parecer, su colaboración hizo que se solicitara arresto domiciliario para él.
El juez Humberto Otazú le otorgó esa medida y una fianza de G. 500 millones.
Pero los otros tres implicados en este hecho se mantienen hasta el momento prófugos de la justicia, razón por la cual se dispuso la rebeldía y captura.
La jugada de la defensa de Juan Pablo Jiménez Viveros de recusar al juez Otazú para ganar tiempo no dio resultado, ya que fue designada otra jueza, y ahora todos son oficialmente prófugos de la justicia.