Celso Ibarra Benítez, en representación de Alterfin, sostiene en su apelación que la aplicación de medidas menos gravosas para los mellizos imputados fue errónea, ya que están procesados por un hecho punible con expectativa de pena privativa de libertad de hasta ocho años, es decir un crimen, y la concesión de la prisión domiciliaria es aplicable a delitos con penas de hasta cinco años de cárcel.

Además, el letrado resalta el daño patrimonial causado por la actuación de los mellizos, “a través de maniobras torcidas y artificios premeditados”, como ofrecer un inmueble inexistente para garantizar el pago de lo adeudado. El perjuicio para la compañía extranjera asciende a US$ 2.700.000.

El escrito refiere que existen probabilidades de que Mauricio Joel y Fernando Max Stadecker Cáceres obstruyan la investigación y también existe el riesgo latente de que se fuguen del país, “teniendo en cuenta el fortalecimiento económico obtenido a través del engaño a la firma Alterfin”. Por lo expuesto, piden que se revoquen las medidas alternativas y se ordene la prisión preventiva de ambos, finaliza la apelación.

Los mellizos Stadecker Cáceres, junto al escribano Blas Fernando Turtola Caló, figuran como responsables de un multimillonario fraude contra una firma belga, al intentar cubrir una deuda con un inmueble inexistente.

El escribano implicado en el caso, Blas Fernando Túrtola, fue beneficiado con la libertad ambulatoria por colaborar con la investigación, al presentar documentos relativos a la propiedad fantasma ofrecida como garantía hipotecaria.