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Tras numerosas chicanas interpuestas, finalmente se dio inicio al juicio contra el excomandante de la Policía. Tanto Alvarenga como el otro acusado, Roberto Osorio, intercambiaban incidentes para frustrar el arranque.
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Entre las medidas dilatorias se encuentra el oportuno cambio de abogados por parte de Osorio, que obligó al aplazamiento hasta que el letrado se interiorice del caso en noviembre de 2017, y ese mismo mes nuevamente se volvió a aplazar por una recusación contra los fiscales del caso, Igor Cáceres y Luis Piñánez, y por último, este año, Alvarenga presentó un certificado de reposo médico.
Este caso se inició tras una investigación de ABC Color que desnudó un enorme esquema de corrupción dentro de la Policía Nacional, negociados con vales de combustibles que debían ser utilizados por el personal policial.
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De acuerdo a la acusación, se desvió un total de G. 1.159.242.441 a través de 186 tarjetas de combustibles, libradas al portador. Roberto Osorio es señalado como el cerebro que tramitaba las tarjetas, con la venia de sus superiores, y enviaba a Rosalino Benítez -otro de los implicados- a las estaciones de servicio.
Benítez pagaba a playeros que hacían consignar cargas de combustibles, pero en realidad entregaban dinero en efectivo que iba a parar en manos de Osorio.
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Paralelamente se abrió otra causa contra Alvarenga, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Tras la investigación por los vales de combustible, los investigadores empezaron a indagar en los bienes del excomandante.
Se encontró que Alvarenga y su esposa, Mirtha Rotela, compraron cuatro inmuebles en el 2014, entre ellos una granja de cinco hectáreas en Mbocayaty y una casa con una superficie de 2.958 metros cuadrados en Luque. También adquirieron dos departamentos céntricos en Asunción y otro establecimiento de cinco hectáreas en Carayaó, comprado en 2007.