El miércoles 15 de noviembre de 2017, nuestro diario publicaba la primera serie de audios que evidenciaban cómo el diputado Carlos Portillo "traficaba influencias", pidiendo dinero para que una resolución judicial saliera favorable a una persona.
Si bien lo que se decía en los audios era evidente, y la Fiscalía tardó relativamente poco tiempo en imputar al parlamentario, increíblemente sus colegas de la Cámara de Diputados hasta ahora no han movido los mecanismos necesarios para tramitar el juicio político contra el legislador, ya que el tráfico de influencia es causal directa de pérdida de investidura.
El pasado 30 de octubre, la mesa directiva de la Cámara de Diputados resolvió postergar una vez más la incluisión en el orden del día del proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, que habla sobre la pérdida de investidura y sus diferentes causales. Así, semana tras semana, han ido dilatando este paso, alegando que el proceso no se puede tomar a la ligera sino que requiere ser reglamentado en detalles para que se aplique en forma correcta.
Esta indefinición le ha venido como anillo al dedo a varios legisladores que tienen serios cuestionamientos con la Justicia, como es el caso de Carlos Portillo.
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Incluso la Fiscalía ya solicitó el juicio oral y público para Portillo, pero nada ha sido suficiente. Ya en el periodo pasado lo habían despojado de sus fueros, pero con el siguiente periodo todo “se renovó” para el liberal y ha venido zafando.
Recordemos que Portillo está imputado desde enero de este año por supuesto tráfico de influencia para conseguir resoluciones judiciales favorables. La imputación contra el parlamentario es por los hechos punibles de tráfico de influencias, soborno, asociación criminal (todos en calidad de autor) y cohecho pasivo (como cómplice).
Y hoy, la fiscala Liliana Alcaraz presentó acusación por tráfico de influencias en contra del diputado Carlos Portillo por un presunto negociado con camaristas de Alto Paraná. Además, solicitó la realización de un juicio oral y público.
También en ese mismo mes de noviembre de 2017 se filtraron además otros audios en los que el diputado Carlos Portillo (PLRA) aparecería en conversaciones como nexo de pago a dos camaristas (Isidro “Cacho” González y Aniceto Amarilla de Alto Paraná) para fallar a favor en un caso.
Además, en otro audio, el diputado liberal fue pillado en un audio confesando que ubicó a personas en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Inclusive, dijo que colocó a gente “inútil” y que otra “se dio la vuelta” políticamente.
El 17 de enero de este año, el juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra el diputado liberal por Alto Paraná, Carlos Portillo, por tráfico de influencias y soborno, pero la imposición de medidas quedó entonces en suspenso por incidentes planteados.
Los funcionarios fiscales entregaron el requerimiento conclusivo al Juzgado Penal de Garantías Nº 5, de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete. Ahora, la jueza Garcete deberá fijar fecha para la audiencia preliminar, en la que decidirá si envía o no al banquillo de los acusados al legislador liberal.
Pese a ambos antecedentes, en la Cámara de Diputados dilatan el pedido de pérdida de investidura de Portillo.