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Los uniformados deberán guardar reclusión en la Agrupación Especializada, en Asunción, y el civil ya fue remitido a la cárcel regional de Itapúa.
Entre la mañana del miércoles y ayer prestaron declaración ante el Juzgado de garantías los dos agentes de Investigaciones denunciados, los suboficiales Benicio Ávalos y César Maciel, el supuesto informante Cristian Cubilla y el ahora destituido subjefe del departamento de Investigación en esta ciudad, comisario Hugo Carmen García.
Los suboficiales Ávalos y Maciel fueron imputados por privación ilegítima de libertad y extorsión, mientras que Cubilla y el comisario García por el presunto hecho punible de extorsión. En el caso de los policías tiene el agravante de su condición de funcionarios públicos.
Las declaraciones de Cubilla ante la fiscalía fueron determinantes para corroborar lo dicho del denunciante José Luis Cuquejo, quien había manifestado que los uniformados lo secuestraron, le plantaron droga y "apretarlo" a fin de que acceda a pagar la suma de G. 20 millones para recuperar su libertad.
Cuquejo había identificado a los dos primeros, quienes lo habían detenido y trasladado a dependencias de la jefatura de investigaciones, pero no así a un tercero que en todo momento le decía que le convenía acceder y aceptar pagar la suma exigida y evitarse complicaciones con la fiscalía.
La denuncia ante el Ministerio Público formulada por el comerciante José Luis Cuquejo por un supuesto secuestro y extorsión contra los agentes de investigación criminal Benicio Ávalos y César Maciel derivó en una movida en la cúpula de la jefatura de investigaciones a nivel local. Fueron removidos el anterior jefe comisario Julio César Cabriza, y su segundo, comisario Hugo García.
De acuerdo al denunciante, el día martes fue interceptado por dos policías de civil a bordo de un vehículo particular, sin chapa. Uno de ellos llevaba una remera del departamento de Investigaciones y su placa al cuello.
Tras ser trasladado a la jefatura de investigaciones, comenzó un calvario de cerca de 10 horas de privación ilegítima de libertad en el cual fue presionado, acusado de transportar droga, que le habían plantado en la camioneta, y finalmente pudo recuperar su libertad tras acceder a pagar G. 20 millones.