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Coscia explicó este lunes que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) tiene históricamente un 100% de condenas dictadas, por lo que Paraguay, si gana en la apelación a esta medida, estaría haciendo historia.
El procurador general de la República manifestó que, pese a esta estadística, el Estado hará todo lo posible para dar vuelta atrás a la inminente resolución que obligará a pagar millones como indemnización a Arrom y Martí.
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“Para nosotros, la esperanza es lo último que se pierde. Esta es la única Corte internacional donde las condenas son 100% en contra del Estado (...) Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias (...) Independientemente del hecho, el Estado no tiene responsabilidad (...) no tiene por qué ser responsable directo de la indemnización”, expresó Coscia en conversación con radio ABC Cardinal.
El procurador comentó que la Corte no permite, de momento, que los testigos del caso estén en el juicio, que se hará en febrero de 2019 en San José de Costa Rica, donde tiene sede este organismo jurídico, dependiente de la OEA.
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“Están todos los elementos que nosotros debemos desarrollar. Ahora, la Corte no deja que nuestros testigos estén presencialmente. Estamos peleando jurídica y diplomáticamente. Si ellos no están allí, estamos fritos”, señaló.
Finalmente, Coscia indicó que existe una corriente muy ideologizada, de izquierdas, dentro de la Corte. “Estamos viendo que existe una corriente ideologizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) Si perdemos, tenemos que analizar qué hacer. No vamos a pagar ningún centavo. Es una sentencia injusta”, concluyó.
Luis Castiglioni, ministro de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno de Mario Abdo no pagará este dinero porque considera que la condena fue injusta. “(El Estado) no va a permitir de ninguna manera que se cometa una injusticia contra siete millones de paraguayos”, expresó.
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Arrom y Martí se fugaron al Brasil en 2003, cuando estaban siendo procesados por el secuestro de María Edith Bordón, y en el vecino país consiguieron refugio político, condición que aún no se revirtió pese a tres reiteraciones de varios gobiernos paraguayos. Ambos están prófugos, acusados por la justicia paraguaya de ser los autores del secuestro de Bordón, perpetrado el 16 de noviembre de 2001.