Protegieron a niños, afirman

La fiscala Raquel Bordón aseguró que se tomaron medidas preventivas con relación a los niños que acompañaban a sus padres en el predio de la escuela agrícola San Benito, donde el viernes se registraron detenciones por un caso de supuesta invasión.

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La investigadora se constituyó en la sede policial del departamental de Itapúa, a fin de dejar constancia de las medidas preventivas que se tomaron con respecto a los niños que acompañaban a sus padres el viernes 17 de marzo, cuando unos 80 campesinos fueron detenidos por la Policía en el interior de la escuela agrícola San Benito, ubicada en la compañía Pastoreo, del distrito de Obligado.

La agente mantuvo una reunión con el director de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia Regional Sur, Walter Gutiérrez; Carolina Lugo, defensora de la Niñez y Adolescencia Regional Sur; Lucía Kovalchuk, de la Secretaría de la Mujer de Encarnación, y Elisa Vera, de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). También estuvieron presentes otros funcionarios de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia.

En la cita, la investigadora dejó constancia de que se crearon las medidas preventivas en coordinación entre la Fiscalía, la Policía y cada una de las instituciones involucradas en el procedimiento con relación a los niños y niñas que acompañaban a sus padres en el predio de la escuela agrícola San Benito, que, según la Justicia, es ocupado de manera irregular.

Los padres de los niños fueron detenidos ayer, en el distrito de Obligado, en cumplimiento de disposiciones legales ante presunta invasión de inmueble ajeno. Un total de 34 personas fueron imputadas por los agentes fiscales Raquel Bordón y Antonio Florentín, por los delitos de perjuicio en reservas naturales y transgresión de la Ley 716/96 y el artículo 302 del Código Procesal Penal.​

Unas 20 mujeres fueron derivadas a la jefatura de policía, mientras que los hombres fueron llevados a la penitenciaría regional. Organizaciones de mujeres, como Kuña Roga, y de Derechos Humanos se manifestaron frente a la jefatura policial para exigir la libertad de las detenidas. El viernes habían denunciado que incluso los niños pequeños fueron llevados juntos con sus madres al lugar de detención.

La semana pasada, los ocupantes de la propiedad, unas 2.040 hectáreas perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino (SVD), habían sido obligados a abandonar el lugar por la fiscalía, con apoyo de unos 400 efectivos de la Policía Nacional, y sus casas precarias desmanteladas.

El SVD inició, el año pasado, una demanda por invasión de inmueble contra los ocupantes. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala Raquel Bordón, de la fiscalía de Encarnación, con los fiscales Édgar Ortiz y Víctor Florentín como coadyuvantes. Según se indicó, las fuerzas policiales intentaron persuadir a los reingresantes de que abandonen el lugar, pero ante la negativa de los mismos procediero a su detención, bajo la figura de la flagrancia en la comisión del hecho punible de invasión de inmueble.

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