Se oponen a dar información

La Asesoría Jurídica de Senabico recomendó a la ministra Karina Gómez no revelar contratos de alquiler de bienes incautados, violando la ley de información pública. Es tras críticas por ocultar a quién arrendó la mansión del presunto narco Cucho Cabaña.

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En un dictamen dado a conocer este martes, el asesor jurídico de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Iván Lobos Aquino, recomendó a la titular de la institución no publicar la identidad u otros datos de las personas que reciben un bien bajo la administración de la Senabico. El texto cuenta también con la firma del abogado Renato Angulo.

Recalcan que la ministra puede decidir publicar los contratos, pero evitando los datos que refieran a la identidad y otras informaciones de carácter privado de los terceros, pese a estar vigente la Ley 5282/14 que regula el libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental.

Uno de los argumentos es que el Art. 42º de la Ley Nº 5876, que crea y reglamenta la Senabico, establece que todas las informaciones que los funcionarios del ente reciban “...tendrán un carácter privado y confidencial”.

Igualmente, el Art. 15º establece que las autoridades públicas podrán solicitar información de los bienes incautados o comisados “...única y exclusivamente, para el cumplimiento de procesos judiciales relacionados con el bien o bienes que se requiere consultar.

Leer la nota completa:  Secreto en Senabico sobre manejo de estancia de Cucho Cabaña

De esta forma la ministra de la Senabico, Karina Gómez, sigue negando los detalles del contrato de alquiler de la hacienda “Nápoles” del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, a pesar de que hay sospechas de que se trataría de un negociado. En un audio revelado en ABC Cardinal se escucha al beneficiado con la explotación turística del lugar hablando de precio casi regalado.

En el mencionado audio, quien sería Hugo Ayala dice que paga G. 4.500.000 mensuales y que además le dieron seis meses de gracia. Karina Gómez fue consultada y respondió que el precio de alquiler es de G. 7.500.000 al mes y que no hay periodo de gracia. Sin embargo, se negó a dar a conocer el contrato.

El dictamen recalca que no se viola la Ley N° 5282/14 de Acceso a la Información Pública, ni ninguna otra normativa relacionada a la transparencia gubernamental.

La ministra reconoció que la propiedad fue entregada sin una licitación pública. Al respecto, el dictamen de Asesoría Jurídica también hace referencia.

Detalla que el Art. 21º de la Ley Nº 5876 establece que en lo que atañe a la administración de bienes incautados y comisados, la Senabico “...contará con un régimen especial de contratación (...), entendiéndose que los bienes cuya administración recae, no se tratan de activos públicos y su financiamiento proviene de su propia productividad”.

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