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12 de Marzo de 2018 15:18

 

Renuncia a cargo y "sugiere" lo mismo al contralor

Domingo Quiñónez Astigarraga, alto funcionario de la Contraloría General y hermano de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, presentó este lunes renuncia a su cargo y sugirió hacer lo mismo al contralor general de la República, Enrique García.

El funcionario -que renunció al cargo, no a la institución- Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, director general de la Dirección de Control de Organismos Municipales y Departamentales, pide que su dimisión sea aceptada "de forma inmediata".

En su nota de renuncia, el hermano de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, explica que la dirección a su cargo "ha ido sufriendo un sinnúmero de situaciones poco profesionales y de desgaste institucional", empezando con la aprobación de la nueva estructura organizacional de la institución.

Asevera que con dicha aprobación se ha eliminado la facultad de controlar la rendición de cuentas de las instituciones objeto de control de la dirección a su cargo, lo que en la práctica "complica mucho" poder organizar las auditorías en dichas dependencias.

Quiñonez añade que en los últimos tiempos ha recibido denuncias verbales de varios intendentes que alegan que funcionarios recientemente nombrados y que responden a la jefa de Gabinete, Norma María Mertínez Irigoitia, han solicitado audiencias privadas para discutir la suerte de las auditorías.

Denunció asimismo que había sido socializado el Plan General de Auditoría del ejercicio fiscal 2018, en cuyo contenido se encuentran las municipalidades y gobernaciones a ser auditadas.

“Para sorpresa mía y de los auditores, luego de haberse solicitado el juicio político ante la Cámara de Diputados por parte de la OPACI y el Consejo de Gobernadores, fueron enviadas notas a casi el 90% de las municipalidades de todo el país, con el fin de someter arbitrariamente a sus intereses políticos y personales", asegura.

Añade que con esto se estaría gestando la entrega de favores políticos a cambio de impunidad y sacando a funcionarios de carrera para ubicar a operadores políticos sin idoneidad, denigrando la institucionalidad y obstruyendo claramente el “sentido de transparencia” de la institución.

Sostiene asimismo que la OPACI y sus integrantes han firmado una nota, manifestando que no permitirán el ingreso de auditores mientras el “señor contralor” no se aparte del cargo, en razón de la imputación fiscal que pesa en su contra.

Afirma que los propios auditores le han señalado que no tienen la intención de salir al interior a realizar trabajos de auditorías, porque “se sienten avergonzados” por la discriminación que reciben, ya que alegan que con qué altura moral puede ir el auditor a intentar realizar trabajos de control, cuando la propia cabeza de la institución tiene asuntos pendientes con la justicia, además de distintos cuestionamientos éticos en función “que son de público conocimiento”.

Manifiesta asimismo que los funcionarios de la Contraloría han solicitado al contralor que se aparte del cargo, mientras dure la investigación penal. “El señor contralor y todos los directores generales hemos apoyado la remoción de los cargos y hemos apartado de los trabajos de auditorías a todos los funcionarios que han sido imputados por el Ministerio Público en los últimos meses (cualquiera sea el motivo de la imputación)”, recuerda.

Sobre el punto, enfatiza que le “parece una falta de coherencia” del contralor, actualmente imputado, que no se aparte del cargo, “que no se adopte el mismo criterio que hemos tenido para los funcionarios” cuando el imputado es el contralor, siguiendo el mismo criterio, debería de haber pedido permiso hace ya un tiempo. “Yo renuncio y espero que usted también lo haga, por el bien de la institucionalidad y la transparencia”, asevera Quiñónez.

Con antecedentes

Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, es miembro de la seccional 349 de Lambaré, fue salpicado por irregularidades en el MEC, donde ejerció el cargo de director de Administración y Finanzas. Fue nombrado el 18 de noviembre de 2016 en la CGR como titular de la Dirección General de Control Interno de Organismos Departamentales y Municipales.

Curiosamente, fue la propia Contraloría la que detectó irregularidades en el MEC por un monto total de G. 1 billón, en el periodo en que Quiñónez era el titular de Auditoría Interna y Marta Lafuente ministra de Educación, y luego con Enrique Riera pasó a ocupar el cargo de director de Administración.

Hasta su renuncia, Quiñónez era el director general de Municipalidades en el ente contralor.

 
 

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