Esta mañana, el senador colorado fue consultado acerca de la fecha en la que se llevaría adelante el juicio político al contralor Rubén Velázquez Gadea, oviedista, acusado por la Cámara de Diputados hace más de un mes por mal desempeño en sus funciones. El funcionario está involucrado en varios casos de sospecha de corrupción dentro de la institución a su cargo. De todas las denuncias, la que más tomó notoriedad fue la de la “secretaria VIP”, Liz Paola Duarte Meza. Se comprobó que la mujer, sin título universitario, cobraba casi como un ministro, sin siquiera asistir a la institución.
Por este y otros casos, también está en camino de ser enjuiciada la subcontralora Nancy Torreblanca, de extracción liberal. Ambos están en el cargo desde 2010, pero recién ahora, en el último tramo de su gestión (que dura cinco años, según la ley), salieron a la luz los indicios de corrupción, a través de publicaciones periodísticas. A pesar de que ambos están a punto de cumplir su tiempo, las denuncias y el juicio político en proceso, se aferran a sus cargos.
Abdo Benítez explicó que en la sesión de hoy se aprobará el reglamento del juicio político para Velázquez Gadea y Torreblanca. “Tenemos que darle un tiempo para que se prepare la defensa (…) Vamos a respetar el debido proceso entre la acusación y la defensa”, dijo. El Congreso “tiene la voluntad” de cumplir todo esto “de manera rápida”, pero cuidando los tiempos para que no se cuestione el “debido proceso”, dijo el senador.
Justamente, el tema del tiempo fue uno de los cuestionamientos más fuertes durante el juicio político que destituyó al expresidente Fernando Lugo en 2012. En aquella ocasión, se aprobó el juicio en Diputados y se juzgó en el Senado en menos de 24 horas. “El criterio que me informaron de la Comisión (Constitucional) del Senado es llevar adelante la semana que viene (el juicio político), pero que se dé todo el tiempo suficiente para que no haya cuestionamientos”, explicó Abdo Benítez.
Al mismo tiempo que se lleva adelante el juicio político, también se convocó a concurso para buscar un nuevo contralor y subcontralor, debido a que los actuales asumieron en 2010, es decir, están a punto de cumplir los cinco años al frente de la Contraloría General de la República, el tiempo establecido en la Constitución Nacional. Esta institución es una de las más importantes en la estructura del Estado, ya que “ es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades” y, para ello, goza de autonomía funcional y administrativa, característica que lastimosamente se usó en esta última administración para un evidente manejo discrecional.
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El artículo 281 de la Constitución Nacional explica que el contralor y el subcontralor deben ser de nacionalidad paraguaya, de 30 años cumplidos, graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos será designado por la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría.
Ambos durarán cinco años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo sólo por un período más, con sujeción a los mismos trámites, es decir, deberán concursar de nuevo. Durante tal lapso, gozarán de inamovilidad, y de las mismas inmunidades e incompatibilidades prescritas para los magistrados judiciales. En cuanto a su remoción, se seguirá el procedimiento establecido para el juicio político, indica el mismo artículo.