Fiscalía debe dar orden para intervención

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La recientemente creada Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) administraría las empresas del rubro ganadero de Darío Messer. Sin embargo, aún falta la comunicación oficial del Ministerio Público.

Karina Gómez Narváez, ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, explicó que ayer se reunieron con los fiscales del caso Darío Messer. “Estamos esperando la decisión del Ministerio Público, ya hemos tenido reuniones preliminares con los fiscales del caso, el Dr. René Fernández y la Dra. Alba Rocío Cantero, acerca de individualizar lo que quedaría a cargo de la Senabico”, relató.

Sin embargo, aclaró que aún no hay una comunicación oficial con respecto a qué empresas serán intervenidas por la Senabico. Indicó que esta orden se podría dar hoy en el transcurso de la mañana.

Gómez Narváez explicó que la recientemente creada institución interviene en empresas cuyos propietarios están siendo investigados y que la Fiscalía considera que no son evidencia y “existe un peligro de deterioro”.

En este caso, realizarán un corte administrativo y verán los arqueos de manera conjunta del Ministerio Público y tratarán de cumplir con los proveedores y funcionarios. “Podrían ser empresas vinculadas al rubro ganadero en sí y, por ende, hay terceros de buena fe que no tienen nada que ver: sueldos que hay que pagar, animales que hay que alimentar”, detalló la ministra en contacto con ABC Cardinal.

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Las cuentas de Messer ya se encuentran bloqueadas por orden judicial, luego de que su administrador, Ilan Grinspun, y el primo del presidente Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, hayan intentado vaciar sus cuentas en el Banco Nacional de Fomento.

En otro momento, la ministra aclaró que este no es el primer trabajo oficial de la Senabico, pues ya ha intervenido en varios casos, sobre todo vinculados al narcotráfico.

La institución fue creada en setiembre del año pasado y Gómez Narváez asumió en octubre. La alta funcionaria explicó que se busca que las empresas “no caigan ni se queden en manos de las personas investigadas”.

Se encargan de mantener operativas las entidades cuyos propietarios están siendo investigados, hasta que la Fiscalía lo determine. Si en el marco de esos trabajos encuentran evidencias adicionales, su obligación es informar al Ministerio Público, ya que en todo momento tienen la obligación de rendirle cuentas.