A las 08:30 de este martes se inició Asamblea Universitaria, para tratar la reforma del estatuto y considerar la paridad en número de los miembros en el Consejo Directivo, el Consejo Superior Universitario y la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que es mayoritariamente ocupada por docentes.
La reunión culminó a las 10:00 y el vicerrector de la UNA, Héctor Rojas, confirmó la decisión que tomó el Consejo Directivo, de mantener la mayoría docente en el estatuto. De los 62 miembros asambleístas, solo 59 estuvieron presentes y 35 de estos votaron a favor de que los docentes sigan teniendo mayoría absoluta.
A pesar de toda la presión que ejercieron los estudiantes, que llevaron a paro las 12 facultadas para estar presentes alrededor del Rectorado durante la reunión, estos sufrieron un revés en su deseo de contar con mayor presencia. La decisión desencadenó en que los universitarios tomaran el campus en San Lorenzo.
Tras tener conocimiento de la medida de fuerza se apersonaron en la sede de la universidad los fiscales Viviana Riveros, Cristhian Roig y Gerardo Mosqueira, de la Unidad Nº 6 de San Lorenzo, para intentar resguardar la integridad de las autoridades de la UNA, pero también fueron tomados de “rehén” por los estudiantes.
Agentes fiscales y autoridades de la Universidad Nacional de Asunción permanecen “secuestrados” en el campus de la casa de estudios. Al respecto el fiscal Roig señaló que los hechos ocurridos este martes se encuadran dentro de los tipos penales de coacción grave y privación ilegítima de libertad.
En el marco de los hechos varios estudiantes de la UNA, vinculados a la retención de asambleístas en el Rectorado, fueron imputados por el Ministerio Público. El fiscal Roig, si bien no dio la identidad de los alumnos, se cree que podrían ser los dirigentes estudiantiles pues ya existe una orden de detención para estos.
Ya entre la tarde y noche de hoy, llegaron hasta el lugar unos 300 uniformados que esperan en las afueras de a la UNA, a fin de cumplir con el mandato de la fiscala Riveros. En ese sentido la representante del Ministerio Público solicitó que no se empleen armas para llevar a cabo tanto el desalojo como las aprehensiones.