Ávalos conversó con radio ABC Cardinal y dio detalles del allanamiento que se realizó ayer en la sede de la curtiembre. Contó que los empleados no tenían guantes ni otro tipo de protección. “Podría decirse que es una curtiembre clandestina”, aseguró.

“El allanamiento se hizo para conocer más detalles de la empresa, para saber qué cantidad de químicos usan, cuál es su nómina de empleados”, detalló la agente del Ministerio Público. Lo llamativo es que la empresa, cuyo dueño es Gustavo Pérez, imputado por la fiscalía, seguía operando ayer a pesar de las precarias condiciones laborales sin las mínimas exigencias. Allí, el lunes último perdieron la vida los trabajadores Hugo Gómez y Carlos Giménez, al ahogarse en un tambor de productos químicos.

Actualmente, el Ministerio Público no puede encontrar a Pérez. Los trabajadores le dijeron a la fiscala que no saben nada de él desde el lamentable hecho. Ayer, una comitiva de la Secretaría del Ambiente (Seam) constató graves daños, confirmó Patricio Ortiz, jefe de Sustancias Químicas. De hecho, esta empresa no cuenta con licencia ambiental desde 2014, recordó.

Esta vez, detectaron mal manejo de residuos industriales y falta de tratamiento de efluentes. El informe será elevado a la Asesoría Jurídica de la Seam, adelantó. Por su parte, el reelecto intendente Raúl Mendoza (PLRA) reconoció en contacto con ABC Cardinal que sabían de la actividad ilegal de Inducuer SA. De hecho, el jefe comunal vive a pocas cuadras de la fábrica, por lo que conoce “perfectamente” lo que ocurre, denunciaron familiares de las víctimas.