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Con esto, el próximo 26 de agosto se realizará la audiencia preliminar para el senador Víctor Bogado. Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete del parlamentario, Miguel Ángel Pérez, procesados por cobro indebido de honorarios. El juez penal de Garantías, Julian López, decidirá si enfrentan o no juicio oral y público.
El tribunal de Apelaciones resolvió que no corresponde estudiar la apelación planteada por el abogado Rafael Fernández, defensor de Gabriela Quintana, porque según el escrito, no cumple con los requisitos formales, ya que no señala específicamente la providencia impugnada.
Fernández había apelado la resolución del juez Julián López, por la cual se convocaba a audiencia preliminar el pasado 3 de julio, resolviendo, según el abogado, de manera arbitraria la recalendarización de la nueva fecha de audiencia preliminar para los acusados.
Los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Mirtha González de Caballero argumentaron que la audiencia preliminar es un acto procesal único, con presencia de todas las partes, por lo que el desdoblamiento de ella iría en contra de lo que establecen las normas.
En su resolución mencionan que resulta irrelevante la discusión sobre la fecha, pues como ya ha transcurrido el tiempo, necesariamente deberá fijarse una nueva fecha de audiencia preliminar.
Los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez presentaron imputación contra la empleada particular de Bogado, Gabriela Quintana, quien percibía primeramente un salario de G. 1.300.000 en Diputados, en 2008. Luego, Quintana fue nombrada como funcionaria permanente en 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400.
En febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Tras el escándalo, la binacional rescindió el contrato y Quintana devolvió los G. 71 millones percibidos irregularmente.