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26 de Setiembre de 2018 15:36

 

“Víctimas del fuego cruzado”, dice consorcio

“Esto es parte de un conflicto entre este grupo ciudadano contra el intendente Mario Ferreiro; lastimosamente, somos víctimas del fuego cruzado”, afirmó Carlos Ramírez, parte del consorcio que desarrolla el sistema de cobro de impuestos inmobiliarios.

Ramírez reconoció que es accionista de la empresa local Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), que tiene un sistema de cobros de deudas y de desarrollo inmobiliario, pero insistió en negar que esto tenga alguna relación con el consorcio TX, adjudicado con el desarrollo de un sistema de cobro de impuestos inmobiliarios de la comuna.

Otro punto en el que insisten es en que ni siquiera el consorcio está facultado en realizar el cobro de las deudas, sino que simplemente deben de desarrollar el software que ayude a ordenar los datos.

Tal como indicaron en un espacio reservado en la fecha, insistió en que el consorcio TX está conformado por un el internacional Grupo TX y la empresa local Gaudi SA, exclusivamente, y que CARSA fue mencionado en la oferta de licitación al llamado que realizó la Comuna pero no así en el contrato final suscrito con la Municipalidad de Asunción.

 Lea más: Refutan a empresa que busca cobrar impuestos

Ramírez, presidente de Gaudi SA, comentó que la intención del consorcio no es confrontar con este sector de ciudadanos que se oponen a la implementación de un software para “ordenar” el cobro impositivo inmobiliario, pero que tampoco admiten “cuestiones que no son reales”.

Sobre todo destacan que el contrato formado por el consorcio claramente establece que ellos no tienen la potestad de realizar el cobro de deudas, sino que simplemente deben de desarrollar el software para actualizar la base de datos de la comuna y que automáticamente el sistema informe de los contribuyentes en mora ya no de una manera “selectiva” como se hace actualmente.

“Con el sistema actual, lo que se hace es que se seleccionan prácticamente al azar los expedientes”, comentó, además de destacar que el sistema informático vigente ya data de 1993 y se encuentra desactualizado.

Sobre otro de los cuestionamientos principales –la confidencialidad de los datos–, apuntó que prácticamente el 90% de la información que gestionará el software actualmente ya son públicas, y que, si bien en lo que refiere a la confidencialidad de las deudas, con el software no cambiará el sistema actual de cobro que está a cargo de la Comuna.

Sobre ese punto, Ramírez reiteró que se mantendrá el hecho de que son los abogados de la Municipalidad y sus funcionarios los que gestionarán los datos, y que la empresa se compromete simplemente a capacitarlos para el uso.

Si bien no mencionó un monto ya invertido, comentó que lo estimado para el desarrollo del software entre los 2 y 2 millones y medio de dólares, a lo que hay que sumar cerca de un millón doscientos mil dólares en la compra de equipos para el data center (donde se almacenarán los datos).

 
 

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