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La fenomenal estafa cometida en perjuicio del Estado por el otrora cónsul itinerante de la dictadura, el ciudadano argentino Benjamín Levy Avzarradel, más conocido como Gustavo Gramont Berres, sigue lesionando aún hoy el interés nacional y la reputación del país en la comunidad internacional. Ahora, el BNP Paribas London Branch pretende sacar tajada de la sentencia que el Tribunal Federal de Suiza dictó contra el Paraguay el 31 de mayo de 2005.
Dicho fallo pretende obligar al Paraguay a pagar 85 millones de dólares a un sindicato de 10 bancos europeos que adquirieron los títulos de la deuda generada por la acción fraudulenta de Gramont Berres a fines de la década del 80, en una cómplice maniobra con el hoy desaparecido Overland Trust Bank.
En respuesta a esa inicua sentencia, la Cámara de Senadores emitió el 23 de julio de 2005 una resolución mediante la cual expresó su "firme rechazo al fallo arbitrario emitido por el Tribunal Federal Suizo en contra del Paraguay, condenándola injustamente en virtud de una supuesta e inexistente garantía otorgada por el Estado paraguayo, que no reúne los mínimos requisitos exigidos por la Constitución Nacional", y exhortó al Poder Ejecutivo a "no reconocer ni pagar" la suma en cuestión.
Con este antecedente, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Nº 6295 del 26 de agosto del mismo año, encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores "la comunicación oficial del presente decreto al Gobierno de la Confederación Helvética y la consecuente negativa al cumplimiento de las sentencias dictadas en la causa mencionada, así como la promoción del reclamo pertinente ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas".
Hoy, a casi cinco años de la publicación de dicho decreto, el Gobierno paraguayo sigue sin plantear la demanda contra Suiza ante el tribunal de La Haya. Nunca han sido informados los motivos de tal tardanza. No obstante, sea por ineptitud o por negligencia, las más altas autoridades nacionales están incumpliendo seriamente su obligación de defender los intereses nacionales.
El dossier Gramont Berres es manejado hoy por la Procuraduría General de la República. La decisión de transferir tan delicado asunto del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores al de la Procuraduría -un órgano de competencia interna- es no solamente desacertada, sino impropia, ya que la representación del Estado paraguayo ante el mundo es una competencia exclusiva de la Cancillería. El principal argumento para demandar a Suiza ante La Haya es que el Estado paraguayo es inimputable, algo que deviene de la ausencia de su actuación en torno a la deuda contraída por Gramont, por lo tanto corresponde plantear un reclamo contra la Confederación Helvética, cuyo máximo tribunal ha tenido la osadía de someter a su jurisdicción a una nación soberana e independiente.
Un tercer elemento que aún no ha sido debidamente aclarado por el Gobierno es el verdadero motivo por el cual ha decidido prescindir de los servicios del estudio jurídico suizo "Bonnant, Warluzel & Asociados", que venía manejando el dossier desde 1995, por encargo del entonces canciller Luis María Ramírez Boettner. Dicho bufete, de reconocida trayectoria y solvente actuación, había obtenido una monumental investigación del procurador de Ginebra favorable a la causa paraguaya, y logrado una sentencia que beneficiaba a nuestro país del Tribunal de Primera Instancia (que luego fuera revocada por el Tribunal Federal).
Desconocemos si la causa de tales acciones ha sido la lenidad o la impericia de los agentes de la Procuraduría, pero está claro que los altos intereses de la Nación deben ser manejados en y desde el ámbito de la Cancillería, de quien debe esperarse que retome el protagonismo del caso, no solamente por los 85 millones de dólares en juego, sino también para evitar el riesgo de que nuestros bienes y reservas monetarias internacionales sean objeto de eventual embargo, así como para contrarrestar cualquier perjuicio a la imagen del país ante la comunidad internacional.
Dicho fallo pretende obligar al Paraguay a pagar 85 millones de dólares a un sindicato de 10 bancos europeos que adquirieron los títulos de la deuda generada por la acción fraudulenta de Gramont Berres a fines de la década del 80, en una cómplice maniobra con el hoy desaparecido Overland Trust Bank.
En respuesta a esa inicua sentencia, la Cámara de Senadores emitió el 23 de julio de 2005 una resolución mediante la cual expresó su "firme rechazo al fallo arbitrario emitido por el Tribunal Federal Suizo en contra del Paraguay, condenándola injustamente en virtud de una supuesta e inexistente garantía otorgada por el Estado paraguayo, que no reúne los mínimos requisitos exigidos por la Constitución Nacional", y exhortó al Poder Ejecutivo a "no reconocer ni pagar" la suma en cuestión.
Con este antecedente, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Nº 6295 del 26 de agosto del mismo año, encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores "la comunicación oficial del presente decreto al Gobierno de la Confederación Helvética y la consecuente negativa al cumplimiento de las sentencias dictadas en la causa mencionada, así como la promoción del reclamo pertinente ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas".
Hoy, a casi cinco años de la publicación de dicho decreto, el Gobierno paraguayo sigue sin plantear la demanda contra Suiza ante el tribunal de La Haya. Nunca han sido informados los motivos de tal tardanza. No obstante, sea por ineptitud o por negligencia, las más altas autoridades nacionales están incumpliendo seriamente su obligación de defender los intereses nacionales.
El dossier Gramont Berres es manejado hoy por la Procuraduría General de la República. La decisión de transferir tan delicado asunto del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores al de la Procuraduría -un órgano de competencia interna- es no solamente desacertada, sino impropia, ya que la representación del Estado paraguayo ante el mundo es una competencia exclusiva de la Cancillería. El principal argumento para demandar a Suiza ante La Haya es que el Estado paraguayo es inimputable, algo que deviene de la ausencia de su actuación en torno a la deuda contraída por Gramont, por lo tanto corresponde plantear un reclamo contra la Confederación Helvética, cuyo máximo tribunal ha tenido la osadía de someter a su jurisdicción a una nación soberana e independiente.
Un tercer elemento que aún no ha sido debidamente aclarado por el Gobierno es el verdadero motivo por el cual ha decidido prescindir de los servicios del estudio jurídico suizo "Bonnant, Warluzel & Asociados", que venía manejando el dossier desde 1995, por encargo del entonces canciller Luis María Ramírez Boettner. Dicho bufete, de reconocida trayectoria y solvente actuación, había obtenido una monumental investigación del procurador de Ginebra favorable a la causa paraguaya, y logrado una sentencia que beneficiaba a nuestro país del Tribunal de Primera Instancia (que luego fuera revocada por el Tribunal Federal).
Desconocemos si la causa de tales acciones ha sido la lenidad o la impericia de los agentes de la Procuraduría, pero está claro que los altos intereses de la Nación deben ser manejados en y desde el ámbito de la Cancillería, de quien debe esperarse que retome el protagonismo del caso, no solamente por los 85 millones de dólares en juego, sino también para evitar el riesgo de que nuestros bienes y reservas monetarias internacionales sean objeto de eventual embargo, así como para contrarrestar cualquier perjuicio a la imagen del país ante la comunidad internacional.