En medio del debate por los recortes presupuestarios y la suspensión del servicio en el tramo final del año lectivo, el monitoreo ciudadano apunta a una falla estructural en la forma en que se financia el programa Hambre Cero. Según los reportes recogidos en todo el país por la organización ReAcción a través de su plataforma Foco, el principal problema en las escuelas no es la escasez de alimentos, son los sobrantes.
Sofía Pozzo, codirectora de ReAcción, explicó que los contratos vigentes no establecen un monto fijo, sino que las empresas cobran estrictamente por cada plato entregado. Al tratarse de una matrícula escolar dinámica que varía durante el año, ese diseño financiero termina jugando en contra de la eficiencia del gasto.
“Con nuestra herramienta de investigación lo que recibimos son más reportes de que la comida sobra que otra cosa. Como las empresas cobran por ración, el incentivo es que se repartan más raciones de las que en muchos lugares se necesitan y por eso sobran, porque se paga por raciones”, explicó.
El problema se agrava porque, a criterio de la organización, hoy es imposible comprobar si el Estado está desembolsando recursos por alimentos que no llegan a consumirse. Aunque desde el Gobierno sostienen que no se abona por las raciones no utilizadas, Pozzo advirtió que la ciudadanía no tiene manera de auditar esa afirmación ni de contrastar lo que declaran las firmas proveedoras frente a lo que efectivamente reciben los directores en cada institución.
Falta transparencia en Hambre Cero: ¿Pór qué fallan los controles en los platos de comida?
El impedimento para verificar si el Estado paga por comida no consumida radica en la opacidad de la plataforma de control. Según recordó Sofía Pozzo, tanto la Ley del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) —normativa que reglamenta Hambre Cero— como su decreto reglamentario, ordenan expresamente contar con un sistema público que garantice la transparencia en la ejecución del programa.
En la práctica, esa función corresponde al Sistema Integrado de Alimentación Escolar, una herramienta interna donde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), las gobernaciones, los nutricionistas y los directores de cada escuela registran diariamente qué entregan las empresas proveedoras frente a cuántas raciones reciben las instituciones. Sin embargo, el acceso ciudadano permanece bloqueado.
“Hoy en día ese sistema por ley debería ser público, pero no lo es; nadie tiene acceso a eso. A una Gobernación le pedimos cuántas fueron las raciones recibidas y nos han enviado una foto de una hoja con unas líneas, donde el link va al portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. A ese nivel estamos hablando de transparencia en las gobernaciones con este programa”, cuestionó Pozzo.
La codirectora de ReAcción añadió que actualmente aguardan la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública dirigida al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, para liberar estos datos. A su criterio, abrir ese registro permitiría a la ciudadanía, a los medios y a las organizaciones cruzar si la cantidad de platos entregados coincide realmente con los alumnos que asisten cada día a clases o si se está distribuyendo alimento de más.
Suspensión en noviembre: la ley obliga a dar almuerzo en los 180 días de clase
Otro punto de fricción jurídica señalado por Sofía Pozzo es la intención de suspender el servicio de alimentación escolar durante la última semana de noviembre bajo el argumento del ausentismo estudiantil. Según advirtió, la Ley del FONAE y su decreto reglamentario establecen de forma expresa que el Estado debe garantizar la provisión durante los 180 días hábiles del calendario escolar.
Mientras los estudiantes asistan a las instituciones educativas para cumplir con actividades académicas o evaluaciones finales, el servicio debe mantenerse vigente, subrayó la representante de ReAcción.
“La ley es muy clara: de los 180 días hábiles tiene que proveerse la alimentación escolar. Mientras haya chicos que vayan a la escuela, tienen que proveer la alimentación. Justamente las empresas son pagadas por las raciones que entregan, y uno de los argumentos principales de la ley fue aumentar la inserción escolar y que los chicos no estudien con hambre”, remarcó.