Luego del anuncio hecho ayer en conferencia de prensa en donde autoridades partidarias de la ANR, dieron a conocer esta postura, el funcionario electoral aseguró que tanto el TSJE como la Fiscalía reglamentaron que los electores que pidan asistencia deben cumplir requisitos de discapacidad y que la persona que asista debe ser registrada en las actas oficiales entre otros puntos. “Nosotros desde la Justicia Electoral estamos convencidos de que es un derecho defender un principio fundamental que es el secreto del voto, la libre emisión del voto”, aseveró Ljubetic.
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Recordó que la ley autoriza el acompañamiento únicamente a personas con discapacidad o impedidas físicamente. “Eso no autoriza a que el que tenga deseos de entrar acompañado lo haga, porque ahí se rompe el secreto del voto. Vos no sabés si el que entra entra a ayudarle o a controlarle”, enfatizó.
Respecto a quién ejerce el control final en los locales de votación, Ljubetic fue enfático al señalar la autonomía de las autoridades de mesa. “Los miembros de mesa son la única autoridad en la mesa en la que actúan y no obedecerán orden de autoridad alguna. La Justicia Electoral ahí no tiene ninguna opinión al respecto; ellos son dueños de esa situación”, afirmó.
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Añadió que solo ellos pueden y tienen que decidir por mayoría si una persona va a entrar acompañada o no. “Las decisiones se toman por mayoría, si un voto es válido o no”, remarcó.
Garantías de accesibilidad y rechazo al fraude
Para responder a las necesidades reales de los electores con dificultades de movilidad o escaso manejo tecnológico, Ljubetic puntualizó que la Justicia Electoral cuenta con mecanismos específicos diseñados para facilitar la jornada electoral.
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En ese sentido, destacó la capacitación para el uso de máquinas de votación. “Esta es la sexta oportunidad en que se va a usar esta misma máquina. En cada local va a haber como mínimo una máquina de votación con un capacitador para indicarles cómo se vota a las personas que todavía no tuvieron la oportunidad de probarla”, refirió.
Por otro lado, dijo que alrededor de 6.000 personas están inscriptas para la modalidad de voto en casa. “Las personas solicitan con meses de anticipación, y el TSJE junto al Ministerio de Salud verifican in situ la situación del enfermo. Solo a quienes reúnen condiciones de imposibilidad absoluta se les habilita”, aseguró.
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El representante del TSJE desacreditó categóricamente las teorías sobre manipulación del sistema electrónico. “Mucha gente habla de fraude, pero hasta ahora nadie se animó a establecer una tesis por lo menos inteligente de cómo se puede hacer. El software utilizado está recontracomprobado. Si no hay voto secreto, el voto está al pedo; no tiene ningún sentido organizar todo este show si el voto no es secreto”, expresó.
Las multas por no votar
Otro punto del debate con la mesa de La Primera Mañana por ABC Cardinal, fue la obligatoriedad del sufragio en Paraguay. Ljubetic admitió que, aunque existe una sanción económica fijada en la ley, esta no tiene un alcance punitivo real.
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“La ley 834 establece la obligatoriedad de votar y desde su creación en el año 96 estableció una multa para el que no vota. Sin embargo, la ley tiene un problemita, es inocua. Inocua porque para el que no paga la multa no hay ninguna penalidad. O sea, prácticamente es voluntaria”, explicó Ljubetic.
Para ilustrar la contradicción del mecanismo, el funcionario comparó la norma con el tránsito urbano. “Es lo mismo que yo te diga: ‘Cada vez que pases un semáforo en rojo andá a la municipalidad sin que nadie te diga nada y pagame 300.000’”.
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Ante la consulta directa sobre si no acudir a las urnas conlleva algún perjuicio, Ljubetic fue contundente. “No pasa nada y es una lástima”, aseguró.
Un modelo de sanciones tangibles
La autoridad del TSJE contrapuso la situación paraguaya con la de otros países de la región donde la abstención sí tiene repercusiones severas en la vida civil de los ciudadanos. “En Perú es la muerte civil, te sacan el valor de tu cédula de identidad. En otros países como Uruguay te sacan la ventaja de sacar tu pasaporte o ingresar a la universidad, ciertas cuestiones que convidan al ciudadano a que vaya a votar”, detalló.
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No obstante, aclaró que el objetivo de estas medidas no es el monetario. “La idea de las multas no es recaudar, es incentivar a la gente a la participación. Pero si la no participación no tiene ninguna consecuencia ni jurídica ni económica, ¿dónde está la motivación para ir a votar?”, cuestionó.
Más allá del ámbito normativo, Ljubetic expuso su postura personal sobre la naturaleza del voto voluntario frente a la imposición legal. “Filosóficamente soy defensor del voto voluntario. Yo no creo que nadie deba ser obligado a votar, porque tengo una frase que repito desde hace muchos años: cuando el voto es obligatorio, deciden los indecisos”, finalizó.