El titular del Incoop, Félix Jiménez, confirmó ayer a nuestro diario que los asesores jurídicos de la institución presentaron ante la fiscalía dos demandas contra personas innominadas, una por lesión de confianza y otra por estafa, a fin de que el Ministerio Público pueda indagar sobre los hechos descubiertos en el actual proceso de intervención en la Cooperativa Luque Ltda.
Por un lado, Jiménez detalló que la cooperativa nuevamente ha infringido normas y políticas para entrega de créditos, ya que la intervención ha encontrado casos de concesiones irregulares y fuera de lo que establece el reglamento de préstamos. Hay que recordar que por esta misma causa, en el 2012 los mismos dirigentes, entre ellos el titular Silverio Mosqueira, ya habían sido suspendidos por el Incoop, pero los sancionados fueron salvados luego por una acción judicial.
Millonario crédito a dirigente de Universitaria
La intervención menciona entre los casos irregulares la concesión de créditos por nada menos que G. 1.300 millones a nombre de Carlos Cruz Roa (dirigente de la Coop. Universitaria), pese a que el mismo contaba con al menos siete demandas por parte de diferentes entidades financieras y cooperativas, además de una decena de operaciones morosas, datos que se pudieron corroborar en reportes privados.
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La intervención en Luque Ltda. se dio en setiembre de este año a raíz de altos gastos de dirección que saltaron en balances de la entidad, además de denuncias que hablan de las irregularidades en concesiones de préstamos, y que fueron confirmadas en la intervención, además de malos manejos en las sucursales. La intervención constató que de las siete sucursales que tiene la cooperativa, seis estaban operando con pérdidas, además de un exceso en la conformación de comités que elevaron grandemente los gastos de dirección.
Según cifras del balance del año 2015, la cooperativa luqueña destinó en ese periodo G. 5.476 millones (1 millón de dólares) en gastos de alta dirección, que se compone mayormente de dietas para sus directores, un 90% del total (859.000 dólares). Por otro lado, la intervención pide que el Ministerio Público indague sobre un supuesto hecho de estafa por la compra de un terreno sobrevaluado en su precio. Las averiguaciones están a cargo de los fiscales José M. Leguizamón de la Unidad 4, y Cynthia Espínola de la sede 1.