Caso en 2015 es muy similar al que denuncia Policía Judicial española en África y Paraguay. Se anularon siete licitaciones tras divulgarse emails donde admitían que conseguían amañarlas. Principal implicado fue Juan Carlos Goycoechea, el mismo que firmó el contrato del superviaducto. La Cámara de Diputados y la Contraloría abrieron sendas investigaciones sobre el escándalo.