LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). Los concejales colorados de Luque Rubén González Chávez (hijo del senador Óscar González Daher), Teodoro Valdez, José Eliseo Fernández, Christian Valdez, Diego Romero, Juan Ángel Marecos y el liberal Silverio Mosqueira votaron por la aprobación del pliego de bases y condiciones para la tercerización del cobro de impuesto de inmobiliario. Con ello dan luz verde al intendente, Carlos Echeverría Estigarribia (ANR) para llamar a licitación internacional.
Votaron en contra los liberales Francisca Franco, Rodrigo Blanco, la “compranotas” Belén Maldonado, Manuel Achucarro Gill, y Christian Bernal.
El proyecto debía tratarse en la sesión extraordinaria del martes último, pero fue postergado a pedido del edil Christian Valdez (ANR). Ante la advertencia del concejal Rodrigo Blanco (PLRA) de que si no se llevaba a plenaria entre ayer y hoy el plan tendría sanción ficta, se convocó a sesión extraordinaria, que se realizó en la mañana de ayer.
El plan de concesión del cobro de impuesto inmobiliario transgrede los artículos 169 y 170 de la Constitución Nacional, así como la Ley Nº 1618/2000 de concesiones de servicios públicos, argumentó la concejala Francisca Franco (PLRA), durante la sesión. Ambas bancadas expusieron los motivos de sus decisiones a través de sus respectivas resoluciones.
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La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Francisca Franco, expuso las razones por las cuales rechaza el plan. Entre otros puntos, cuestionó que cuando se habla de concesión de servicio público se debe contemplar una estructura tarifaria de la empresa que resulte ser ganadora de la licitación y determinar el canon que la firma debe abonar a la Municipalidad. Añadió que según las estipulaciones del pliego de bases y condiciones, la Municipalidad de Luque es la que debe abonarle a la empresa concesionaria un porcentaje del aumento de la recaudación de tributo que se genere en el municipio.
Otra crítica al pliego refiere al tiempo de concesión, que estipula un total de quince años. Sostiene que es demasiado y que ni siquiera figura cuánto sería la inversión de la empresa.
Los argumentos legales no sirvieron y finalmente siete votaron por la aprobación.