Denuncian esquema para cobros

LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). Unas 400 familias fueron desalojadas el miércoles último de un inmueble de 68 hectáreas, propiedad de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), ubicado en el límite de las compañías Isla Bogado y Cañada San Rafael de esta ciudad. Los “sintechos” habrían ingresado al predio en junio de 2018 con la promesa de quedarse con parte del terreno.

La lideresa de la ocupación, identificada como Cristina Aquino Saucedo, junto con un supuesto abogado de nombre Néstor Noceda, a través del montaje de una red de colaboradores obligaba a las familias a pagarles para estar en el sitio, según algunas de las personas desalojadas. Expresaron que para entrar al terreno habían abonado G. 800.000 y que existía una cuota semanal de G. 20.000 por familia para permanecer en el lote asignado.

Para las conexiones ilegales a la red de energía eléctrica y al sistema de distribución de una aguatera privada, por cada hogar abonaban G. 1.000.000. También, por los servicios de un topógrafo, cada familia entregó G. 300.000 a la impulsora de la invasión.

Nuestro diario accedió a algunos de los recibos de dinero que fueron entregados a las familias por los pagos que realizaban. En uno de los documentos, con fecha 21 de noviembre de 2018, se detalla el pago de G. 150.000 por “mensura”.

Sin embargo, el recibo está firmado por una mujer de nombre María Cuéllar, que sería parte de la red para los cobros que logró montar Cristina Aquino en el asentamiento autodenominado Héroes del Chaco.

En otro documento, con fecha 8 de agosto de 2018, aparece el cobro de G. 500.000 en concepto de “derecho de piso”. Esta vez, la firma corresponde a una tal Nadia Gómez.

Según nuestras fuentes, Cristina Aquino y el abogado Noceda, mediante falsas promesas, captaban adherentes que formaban parte de una red. Muchos de ellos eran en realidad los encargados de cobrar en nombre de la cabecilla y de su ayudante principal. Incluso, horas antes del operativo de desalojo, algunos leales incitaban a las familias a permanecer en el inmueble porque supuestamente no existía orden judicial.

La fiscal interviniente, Fátima Villasboa, informó ayer que imputó a 35 personas por la comisión del hecho punible de invasión de inmueble ajeno. En tanto, Aquino y Noceda no aparecen.

Más casos de estafa

Cristina Aquino Saucedo tendría en su haber 69 denuncias por diferentes hechos punibles vinculados a estafas e invasión de inmuebles, de acuerdo con los datos recibidos. La última denuncia fue radicada el 9 de febrero de este año, por Faustino Román Troche Vega, por una supuesta estafa.

Román, en su relato ante a la Policía Nacional, manifestó que entregó a Aquino la suma de G. 10.000.000 por la compra de un inmueble, ubicado en la compañía Costa Sosa de Luque. Sin embargo, el terreno pertenecía a otra persona identificada como Óscar Alfredo Ortega.