Siete concejales y el intendente de Luque violarían hoy la Constitución

LUQUE (Gladys Villalba Jara, corresponsal). La Constitución Nacional, en el Art. 169-Del impuesto inmobiliario, indica: “Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15 % en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley”. El Art. 170-De la protección de recursos, afirma: “Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades”.

A pesar de colisionar claramente con los mencionados artículos de la Constitución Nacional, el intendente Carlos Echeverría desde mediados de 2016 aceleró los trámites para tercerizar el cobro de impuesto inmobiliario. El 26 de julio de 2016 presentó a la Junta Municipal el pedido de aprobación del pliego de bases y condiciones del proyecto. Tras cuestionamientos de varios sectores de la ciudadanía, retiró el expediente el 25 de agosto.

El 22 de noviembre, siempre de 2016, la Junta recibió un proyecto “modificado” y el 21 de diciembre lo aprobó con votos de seis colorados y un liberal. En lugar de 20 años la concesión sería por 15 años y la empresa adjudicada se quedaría con “hasta el 30%” de lo recaudado y no 40% del plan original.

La adjudicación y firma de contrato entre el intendente y el Consorcio Tributario será tratado hoy en la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Los concejales colorados Óscar González Chávez (hijo del senador Óscar González Daher), Christian Valdez, Teodoro Valdez, Juan Ángel Marecos, Diego Romero y Eliseo Fernández, además del liberal Silverio Mosqueira, aseguraron sus votos para la aprobación, según fuentes.

El Comité Evaluador, conformado por el director de Administración y Finanzas, Adelquis “Rulo” García; la directora de Asuntos Jurídicos, María Victoria Sánchez; la directora de Catastro, Fátima Ruiz; el director de Obras Particulares, Adrián González; el jefe de Licitaciones, Armando Maldonado; y Arnaldo Gaona, jefe de Contrataciones Directas de la Comuna, habría emitido “apresuradamente” el dictamen a favor de la mejor oferta, que corresponde al Consorcio Tributario.

Denuncias

Participaron de la licitación el consorcio Filigrana, conformado por las empresas paraguayas IASA-Ingeniería Aplicada SA, Consultora Asunción y la firma argentina Arii Consultora (representada por Diego Martínez), y el consorcio Tributario, que está integrado por Relevamientos Catastrales (Relcat) y Relcat Paraguay, representada por Miguel Niella y Diego Armando Cardona Herreros.

Consorcio Tributario pretende el 27% de lo recaudado en forma anual. Relcat SA tiene origen argentino, con dueño paraguayo, y en el vecino país sus servicios fueron muy cuestionados, de acuerdo a publicaciones periodísticas. Fue contratado por el gobierno provincial de Entre Ríos, municipalidades de Resistencia, Quilmes y de Córdoba, respectivamente.

En diciembre de 2015 el legislador provincial Ricardo Fonseca (Frente Cívico) denunció a Relcat y varias otras por la comisión de una docena de delitos en Córdoba, entre los cuales se mencionan presunto lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

El Consorcio Filigrana pidió el 28% de los “hasta 30%” establecidos en el pliego de bases y condiciones. Según el mismo Diego Martínez, no tiene posibilidad de ganar la licitación.